Hacia una Ley de Teletrabajo

En el Congreso de la Nación se discute una ley de teletrabajo. Solo en la Cámara de Diputados hay 17 proyectos presentados por este tema. El más viejo data del año 2008.

Doce años y una pandemia debieron suceder para que oposición, oficialismo, sindicatos, y asociaciones representantes de empleadores se pusieran a debatir el piso mínimo de derechos para avanzar con una legislación nacional.

La mayoría de los proyectos recogían en el texto las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los ejes de discusión giran entonces en torno a los principios de reversibilidad, voluntariedad, derecho a la desconexión, derecho a la intimidad y principio de igualdad.

El teletrabajo o trabajo telemático se viene desarrollando desde hace varios años como una modalidad en muchas actividades laborales pero irrumpió como tema de debate en la escena cotidiana toda vez que el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio volvió imposible circular y trasladarse al espacio laboral.

En este escenario, se reconvirtieron a esta modalidad aquellos trabajadores que pudieron hacerlo, un informe de Cippec indica que previo a la pandemia alrededor del 10% del trabajo era realizado bajo la modalidad telemática y que se elevó a 30% en estos momentos.

¿Qué sucede con éstas normas que en el afán de atender una realidad inmediata irrumpen en la agenda legislativa?

Como asesora parlamentaria participé de las múltiples reuniones informativas que se llevaron a cabo para lograr un texto consensuado. En el espacio virtual de las reuniones convocadas por la presidenta de la Comisión de Legislación Laboral, Vanesa Siley, se pudieron escuchar las voces de los referentes de las principales centrales obreras, de representantes de los sindicatos, de expertos informáticos, de académicos, profesionales y representantes del estado.

Sin embargo, en la intención de avanzar todo se hizo con bastante premura y aún (tele)trabajando contra reloj, la sensación es que faltó tiempo para aportar los datos precisos que hacen al diagnóstico real de la situación del mercado laboral que teletrabaja.

Los datos, contrariamente a lo que se espera en leyes de este nivel, los aportó una organización como es Cippec, el Ministro de Trabajo de la Nación no pudo precisar ni siquiera cuántos trabajadores se habían reconvertido a la modalidad en el estado.

En el diseño de políticas públicas así como en la confección de las leyes es importante saber cuál es el diagnóstico para poder identificar los problemas que se aspiran a solucionar y eventualmente poder evaluar el funcionamiento una vez puesta en práctica la política o la ley.

Como enseñan en las facultades de ciencias sociales los problemas siempre son más complejos y  caóticos, nunca tienen una explicación unívoca. Pensar y diseñar una ley de teletrabajo pone en discusión un montón de variables que hacen al mercado laboral, la oferta y la demanda, los tipos de actividades capaces de ser ejercidos de remoto y un sin fin de realidades bien complejas.

Pero como si esa complejidad fuera poca, hay que agregar los prejuicios y concepciones previos que juegan a la hora de pensar las alternativas.

Desde el oficialismo y los sindicatos se parte de pensar que teletrabajo implica precarización e informalidad. Otra mirada supone que el teletrabajo es una modalidad a explotar como fuente para la creación de nuevos empleos.

La complejidad viene dada según dónde se recorte la realidad que se mira.

Si miramos los ciudadanos extranjeros contratados por las empresas transnacionales en la modalidad Call Center seguramente ello se acerque más a la primer idea de precarización.

Sin embargo, otras actividades como las de traductores públicos, e-learning, e-health, pueden abonar  la otra teoría. Basta con mirar los salarios en uno y otro caso.

Asimismo, hay especialistas que sostienen que no existe la necesidad de una ley en específico, que la ley de Contrato del Trabajo ya cubre los derechos del trabajador telemático.

La realidad es que el teletrabajo como modalidad es algo que sucede y no se detiene, pensar un marco regulatorio que establezca el piso mínimo de derechos que son referenciados en las recomendaciones de OIT pareciera ser un alternativa tentadora para resolver un vacío a la hora de litigar, ahora bien en el dilema sobre si aspectos regulatorios demasiado burocráticos complican el acceso a estas formas de contratación volviendo engorroso el proceso de incorporación de la modalidad es una pregunta sensata que muchos legisladores se hacen por estas horas.

Tratar de resolver estas cuestiones es el desafío que enfrentan las y los legisladores para dar forma a una ley que se volvió necesaria.  Deberán resolver cómo redactar una ley que combine la defensa de los derechos de las y los trabajadores teniendo presente que las nuevas modalidades de trabajo son una realidad que convive desde hace años con un mercado laboral pauperizado con alto grado de informalidad sobre el que avanza el otro proceso global de automatización empujado por los cambios tecnológicos, un stock de cuentapropistas precarios y una educación formal que aún no reacciona ante los desafíos del posempleo.