
La reciente medida del Gobierno ha generado un gran impacto en el sector de las telecomunicaciones: se han desregulado los precios de los servicios de telefonía celular, internet y TV por cable. Según lo informado por el decreto 302/2024, los licenciatarios de Servicios de TIC tendrán la libertad de establecer sus tarifas, siempre y cuando estas sean "justas y razonables", cubran los costos operativos y promuevan una prestación eficiente.
Esta decisión marca un cambio significativo, ya que derogó una normativa anterior que imponía controles sobre los precios de estos servicios. La eliminación de estas regulaciones busca "liberar el mercado y obtener el libre desarrollo de tales servicios", como sostiene la norma.
No obstante, se ha eliminado la posibilidad de intervención por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en la regulación de precios. Esto plantea interrogantes sobre la protección al consumidor y la competencia en el mercado, ya que ahora serán las empresas quienes determinen los precios sin intervención externa.
Si bien se aclara que el Servicio Básico Telefónico mantendrá su condición de servicio público, se espera con interés conocer las decisiones que tomarán los prestadores respecto a los aumentos que aplicarán en el futuro. Esta medida ha generado un intenso debate sobre su impacto en los usuarios y en la economía en general.