
En Chaco y Formosa, basta con una embarcación rudimentaria para llegar a Paraguay. En Puerto Rico, Misiones, por una pequeña suma de dinero, es posible cruzar en auto sobre una balsa sin dejar rastro en los registros de ambos países. Contrabandear soja, descargar chatarra en predios que cruzan fronteras y otros actos ilegales son comunes en estas áreas.
Estos ejemplos ilustran la situación en las fronteras argentinas, donde el Estado muestra una notable incapacidad para regular. Los límites se convierten en áreas donde "pasa de todo" y se transporta de todo, de un lado a otro.
La desaparición de Loan, un niño de 5 años, el 13 de junio, ha puesto en relieve la vulnerabilidad de las fronteras en el norte argentino, donde el delito y el contrabando coexisten con la legalidad. Es común ver a los contrabandistas operando a plena luz del día, y solo cuando un caso como el de Loan captura la atención pública se destaca la gravedad del problema.
La situación se agravó durante el gobierno de Alberto Fernández, que desactivó varios sistemas de control establecidos previamente. En 2020, se retiraron lanchas de asalto del río Paraná, cruciales para patrullar la frontera con Paraguay, dejando este corredor sin protección adecuada. La derogación de normas que permitían el uso de armas de fuego por las fuerzas de seguridad también debilitó la vigilancia.
Recientemente, Patricia Bullrich, al regresar como ministra de Seguridad, reinstauró estas normas, prometiendo proteger a las fuerzas de seguridad y mejorar las condiciones de vigilancia en las fronteras. Sin embargo, en muchas áreas, la vigilancia sigue siendo insuficiente, y las bandas criminales han aprovechado esta debilidad.
En el norte, se abandonaron turnos de personal nocturno en radares y se dejó de usar un centro de monitoreo en La Quiaca. Las fronteras argentinas continúan siendo puntos débiles donde la delincuencia florece, exponiendo la necesidad urgente de una política fronteriza más robusta y eficaz.