
Según Lasca, los empresarios han solicitado el RIGI, justificando que esto disminuiría los costos, aunque argumenta que los peajes no deberían existir en primer lugar.
Lasca destacó que varios gobernadores, especialmente en el sur, están buscando transferir la gestión de rutas nacionales para establecer peajes. Un ejemplo concreto es Córdoba, donde el gobernador implementó peajes en rutas nacionales que anteriormente no los tenían, generando cuestionamientos sobre la transparencia del destino de esos fondos.
En cuanto a la provincia de Buenos Aires, Lasca anticipó un aumento en las tarifas de los peajes en las rutas del Atlántico y en la conexión La Plata-Buenos Aires, anunciado por el gobernador Kicillof en los próximos meses. Además, lamentó que el Ministro Katopodis y el Defensor del Pueblo no hayan aceptado la propuesta de realizar Audiencias Públicas de manera virtual, lo que limita la participación de quienes viven lejos.
Lasca también criticó la politización de las empresas de peajes, señalando que se han convertido en una "caja política", donde amigos de los gobiernos son colocados en posiciones clave. La reciente renuncia de Raúl Bertola, titular de Vialidad Nacional, tras los recortes presupuestarios, añade incertidumbre a la situación, obligando a la CONADUV a buscar nuevos interlocutores.
Por último, Lasca mencionó que las entidades agropecuarias y de transporte han dejado sola a la CONADUV en esta lucha, y no presionan por la eliminación definitiva de los peajes. Insistió en que los impuestos recaudados deberían destinarse a la mejora de caminos, planteando la pregunta de la necesidad de peajes si Vialidad Nacional y las vialidades provinciales ya tienen la responsabilidad de su mantenimiento.