por Horacio Castelli
El incendio del Teatro Municipal, un edificio histórico y espacio tradicional de la ciudad, dejó al descubierto la falta de orden en una administración que intenta mostrarse impecable. El edificio no estaba asegurado, según el jefe comunal, porque era una construcción muy antigua. Justamente por eso, debería haber estado asegurado.
Esta es solo una de las desprolijidades, que se agravan con los contratos de empleados municipales que llevan años sin ser regularizados legalmente. Otra gran irregularidad es la aprobación de una ordenanza enviada por el Ejecutivo Municipal que modifica ilegalmente la ley provincial de paritarias municipales, la Ley 14.656.
Ninguna ordenanza puede modificar o reemplazar una ley superior, en este caso provincial. Sin embargo, desde 2007, el gobierno de Gargaglione desconoce las paritarias y decide unilateralmente los sueldos municipales. Hay que recordarle a Gargaglione que en las paritarias no solo se discute el tema salarial, sino que también implica una serie de resoluciones que deben acordarse entre las partes.
Esta ley provincial abarca a toda la provincia de Buenos Aires, a la cual deben adherirse los municipios mediante una ordenanza. La no adhesión a esta ley no habilita a que se aprueben ordenanzas que la contradigan o desnaturalicen. Incluso, con esta actitud, el intendente Gargaglione está violando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Este martes 30 de julio, la Delegación Necochea del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires convocó a una reunión conciliatoria al Ejecutivo Sancayetanense y al Sindicato de Empleados Municipales de ese distrito. Esto le da identidad gremial, aunque el intendente de San Cayetano quiera desconocer la representatividad de las medidas sindicales y las califique como maniobras políticas.
No es un atenuante que informe sobre los aumentos que de forma unilateral determina sin consultar a los trabajadores. La democracia no se ejerce de esa manera. La legitimidad de las urnas hay que reafirmarla con cada acto administrativo y político, y esto no está ocurriendo en su relación con los trabajadores municipales.
Ante las declaraciones radiales de Gustavo Martínez, el intendente solo respondió que eran una “maniobra política” y que “no sabe quién la está financiando”. Muy lamentable. Y deja al descubierto que los hilos de la desprolijidad y el autoritarismo se notan cada vez más.