Adepa expresa preocupación por cambios en la Ley de Información Pública realizados por el Gobierno

Según la entidad, los cambios incluyen excepciones que podrían facilitar a los funcionarios eludir su obligación de permitir el acceso a la información bajo pretextos ambiguos como “daños y perjuicios” o un supuesto “interés público”.

Adepa advirtió que estas restricciones no solo afectan el cumplimiento de la ley, sino que también podrían contravenir los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. La institución señaló que las modificaciones podrían dar lugar a aplicaciones restrictivas de la ley, lo que sería incompatible con los principios constitucionales y los tratados internacionales que garantizan el acceso irrestricto a la información relacionada con la gestión de los funcionarios públicos.

En su comunicado, Adepa recordó al Poder Ejecutivo los principios consagrados en el artículo 1° de la Ley de Acceso a la Información, que incluyen la “presunción de publicidad”, “máxima divulgación”, “máximo acceso”, y “alcance limitado de las excepciones”, entre otros. Estos principios, según la entidad, se encuentran fuera del alcance de la competencia regulatoria del Poder Ejecutivo y deben ser respetados en su totalidad.

Una de las modificaciones más preocupantes para Adepa es la redefinición de “información pública” y “documento” en el artículo 3º de la ley. El nuevo decreto establece que no se considerará información pública aquella que contenga datos privados generados por personas físicas o jurídicas, o que no estén relacionados con la gestión de los sujetos obligados. Esto contrasta con la definición original, que consideraba como información pública todo tipo de dato contenido en documentos generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por los sujetos obligados.

Aunque Adepa reconoce que los funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en algunos casos es necesario mantener ciertos aspectos fuera del conocimiento público, subraya que estos deben ser casos excepcionales y justificados. La extensión de estos secretos más allá de lo necesario, advierte la entidad, puede socavar las bases republicanas del país al impedir la efectiva responsabilidad pública de las autoridades.

Finalmente, Adepa instó al Poder Ejecutivo a revisar estas reglamentaciones, que, en su opinión, desnaturalizan los preceptos de la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos. La entidad subraya la importancia de mantener un acceso amplio y transparente a la información pública como un pilar fundamental de la democracia y la rendición de cuentas.