El Gobierno prohíbe a los municipios aplicar tasas locales en las facturas de servicios públicos

Mediante la Resolución 267/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional oficializó este miércoles la imposibilidad de que los municipios apliquen tasas locales en las facturas de los servicios públicos. Esta medida se enfoca en que las boletas solo contengan los conceptos del servicio específico contratado por el consumidor y no incluyan tasas o impuestos ajenos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado la decisión en su cuenta de X el martes, asegurando que "los municipios ya no podrán cargar impuestos y tasas en las facturas de servicios". La medida, que entró en vigencia desde el martes, otorgará un mes de plazo a las empresas para adecuar sus sistemas de facturación.

La normativa se aplica a los comprobantes de servicios emitidos en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, estableciendo que las boletas solo podrán facturar por el bien o servicio contratado. De esta manera, queda prohibido incluir conceptos externos como tasas municipales, algo que era común en algunos distritos.

La disposición surge después de que esta práctica se generalizara entre los proveedores de servicios, lo que generó críticas por parte de organizaciones de consumidores. El gobierno argumentó que dicha práctica viola los derechos de los consumidores y la libertad de elección, ya que induce a errores en los montos a pagar.

Las críticas contra las tasas municipales ya habían tomado fuerza en los últimos meses, especialmente en relación con la aplicación de la tasa vial en algunos distritos de Buenos Aires, que impactó directamente en el costo de los combustibles. Este tipo de incrementos había generado descontento entre comerciantes y consumidores, que denunciaron el aumento en los precios finales de los productos y servicios debido a estas cargas.

Luis Caputo, al anunciar la medida, comentó que ya se habían realizado reuniones con sectores involucrados para buscar frenar estas prácticas que, según dijo, obstaculizan los esfuerzos para reducir la inflación.

Esta resolución busca mayor transparencia en la facturación y evitar confusiones en el costo final que el consumidor debe asumir por los servicios contratados, lo que ha sido celebrado por diversas cámaras empresariales y asociaciones de usuarios.