
El fraude eléctrico: más de 675.000 kW perdidos al mes
De acuerdo con la investigación realizada por Necochea Digital, estas 2500 familias “colgadas” del suministro consumen aproximadamente 270 kW mensuales cada una. Esto significa que la cooperativa pierde más de 675.000 kW mensualmente debido a conexiones ilegales, un costo que finalmente termina siendo absorbido por los socios de la UPC. En otras palabras, mientras algunos usuarios se conectan de forma irregular, el resto de los vecinos termina pagando por este consumo adicional mediante aumentos en sus tarifas.
Falta de controles y seguimiento
Uno de los puntos más críticos del informe de Necochea Digital es la falta de políticas efectivas de control y seguimiento por parte de la UPC. Según se pudo conocer, la cooperativa cuenta únicamente con dos cuadrillas encargadas de realizar cortes de suministro, ya sea por denuncias o porque estas irregularidades son detectadas en la vía pública. Sin embargo, una vez realizado el corte, no se realiza un seguimiento efectivo. Es decir, si en 24 horas el usuario no se presenta en la UPC, se asume que volvió a conectarse ilegalmente, pero no se toma ninguna acción adicional.
Este proceso defectuoso no solo permite que las conexiones ilegales persistan, sino que evidencia la falta de una estrategia clara para abordar el problema del fraude eléctrico. En promedio, cada cuadrilla realiza 20 cortes por día, pero la falta de revisiones posteriores hace que los esfuerzos sean prácticamente inútiles, perpetuando una situación que perjudica gravemente las finanzas de la cooperativa y de los usuarios que cumplen con sus obligaciones.
¿Quién paga el costo del fraude?
El déficit energético generado por estas conexiones ilegales es pagado por el resto de los socios de la cooperativa, quienes ven incrementados los costos en sus facturas. Mientras tanto, empresas cercanas a la UPC continúan beneficiándose de tarifas residenciales que no les corresponden, como fue denunciado previamente por Necochea Digital. Esta combinación de negligencia y favoritismo está deteriorando la confianza de los usuarios en la cooperativa, que no parece tener intenciones de implementar soluciones efectivas para garantizar un servicio justo y equitativo.
La revelación de este fraude y la falta de acción por parte de la UPC plantean serios interrogantes sobre la gestión de la cooperativa y su capacidad para resolver los problemas que afectan a miles de usuarios. Necochea Digital ha sacado a la luz otra faceta de la crisis que atraviesa la UPC. Mientras algunos vecinos pagan facturas de luz mal medidas, otros se conectan ilegalmente al suministro, y la cooperativa no toma medidas efectivas para corregir estas irregularidades. Se exige que se implementen acciones inmediatas para regularizar las conexiones ilegales, mejorar los controles y, sobre todo, proteger a los usuarios que sí pagan sus facturas de manera correcta.