
La decisión apunta a abrir el mercado postal y reducir el predominio del Correo Argentino, una empresa con el Estado Nacional como único accionista y que actualmente opera con una red de 1,400 sucursales. La firma ha enfrentado importantes problemas financieros, reportando un déficit de $71.322 millones en 2023 y recibiendo más de $90.000 millones de fondos públicos en 2024 para financiar un plan de retiros voluntarios.
Detalles de la desregulación
La medida, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, elimina requisitos y registros que anteriormente limitaban la participación de nuevas empresas en el sector postal. Según el ministro Sturzenegger, la desregulación permitirá “eliminar decisiones burocráticas que restringen la oferta de bienes y servicios”, abriendo así la competencia para el envío de cartas documento, telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, y permitiendo que nuevos operadores puedan entrar en el mercado sin restricciones.
Además, el decreto establece que personas físicas podrán ofrecer servicios de mensajería en distancias cortas y con tiempos de entrega breves, ya sea con vehículos o de forma peatonal. Sin embargo, el gobierno aclaró que estas disposiciones no afectan las normativas vigentes sobre secreto postal ni las regulaciones de seguridad en el sector.
Contexto y antecedentes
El Correo Argentino formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei incluyó en su plan de privatización. Sin embargo, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina, fue excluido de la versión final de la ley sancionada.