
La medida generó rechazo inmediato entre los gobernadores patagónicos, quienes ya habían manifestado su oposición durante el debate de la Ley Bases. Estos mandatarios habían cuestionado la posibilidad de incorporar capitales privados en la operación de YCRT, una opción que el Ejecutivo parece decidido a implementar, sin considerar las objeciones provinciales.
Este decreto llega pocos días después de una medida similar con el Banco Nación, también transformado en Sociedad Anónima, una decisión que también fue rechazada por amplios sectores políticos y gremiales. Esteban Paulón, diputado socialista por Santa Fe, sostuvo que estas acciones son "el primer paso hacia la privatización" y anunció que impulsará un proyecto para asegurar que las acciones del Banco Nación permanezcan bajo control estatal.
Por su parte, la bancada de Unión por la Patria y dirigentes sindicales como Carlos Cisneros y Sergio Palazzo, vinculados a La Bancaria, también presentaron iniciativas para derogar el decreto. Palazzo alertó que la medida "contraría el fin social establecido por la Carta Orgánica y debilita el rol del Banco como orientador del crédito y dinamizador de la economía para pymes y hogares argentinos".
La izquierda también se sumó al rechazo, preparando un proyecto propio para anular la decisión del Ejecutivo. Mientras tanto, desde la Casa Rosada defienden la transformación de YCRT y del Banco Nación como parte de su plan para reducir la participación estatal en la economía y fomentar la inversión privada.