Indignante: el Estado Nacional debe 4 meses de sueldo a trabajadores con discapacidad y nadie del bloque de La Libertad Avanza salió a defenderlos

Estos talleres, en su mayoría impulsados por organizaciones sociales y familiares, surgieron como alternativa frente a la falta de inclusión en el mercado formal. Hoy funcionan 263 talleres activos, de los cuales 186 están en la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos se dedican a la serigrafía, otros fabrican bolsas de residuos o trabajan en plantas de reciclado, como en Necochea, donde 45 trabajadores con discapacidad recuperan materiales todos los días.

Aunque el trabajo de estas personas está amparado por leyes y programas nacionales, la realidad es otra. La Ley 26.816 de Empleo Protegido, sancionada en 2012, nunca fue reglamentada. Según lo que estipula, los trabajadores deberían cobrar el 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil —unos 117.800 pesos en la actualidad—, pero eso no se cumple. El único artículo vigente es el que permite jubilarse anticipadamente a los 45 años, tras 20 años de servicio.

Mientras tanto, el único programa que sigue operativo, el de Asistencia a los Trabajadores de Talleres Protegidos (creado en 2006), apenas otorga una ayuda de 28.000 pesos, sin actualización ni aportes para el funcionamiento de los talleres. Y ni siquiera eso está llegando: los pagos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril siguen adeudados.

Durante una sesión informativa en el Congreso, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció la deuda y prometió pagar todo junto con el sueldo de mayo, aunque sin dar fechas concretas ni hablar de un aumento.

El silencio político también duele. Mientras miles de trabajadores con discapacidad siguen esperando respuestas, desde el bloque de concejales de La Libertad Avanza no se ha emitido ningún pronunciamiento ni pedido de informe al respecto.

La indiferencia es otro golpe para quienes todos los días luchan por su dignidad.