
Ante la consulta sobre el estado procesal tras la apelación, el Doctor Larrarte explicó que el Juez de Garantías subrogante Guillermo Lludgar, había declarado incompetente a la justicia provincial para intervenir en la causa.
Sin embargo, la fiscalía apeló esta decisión al considerar que todos los delitos por los cuales se solicitó la elevación a juicio son de competencia provincial.
Larrarte señaló que existe un único delito, el de lavado de activos, que podría ser de competencia federal, y respecto del cual la fiscalía solicitó que se decline la competencia para que sea investigado por la justicia federal, tal como se hizo con la causa de narcomenudeo.
El fiscal fundamentó su postura en la ley de federalización de drogas, que otorga competencia a la provincia de Buenos Aires para intervenir en casos de narcomenudeo, juego clandestino y tenencia ilegal de armas. En este sentido, afirmó que la justicia federal no tiene injerencia en estos delitos.
Respecto al delito de lavado de activos, Larrarte aclaró que es un delito autónomo que no depende de los hechos precedentes para ser investigado, incluso si la causa provincial no existiera.
El fiscal informó que el Juez de Garantías subrogante rechazó el recurso de apelación, lo que motivó la presentación de un recurso de queja ante la Cámara de Apelaciones y Garantías Departamental. Sin embargo, esta instancia también fue desfavorable para la fiscalía, que vio rechazado su recurso.
Ante esta situación, el Doctor Larrarte anunció que interpondrán un recurso de casación por recurso de queja denegado ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia provincial en materia penal, con el objetivo de que se revierta la decisión y la causa permanezca en la justicia provincial.
El fiscal considera que someter a los imputados a la justicia federal para todos los delitos, como solicitan las defensas y resolvió el juez de garantías, sería contraproducente y dilataría el proceso, afectando la garantía de ser juzgados en un plazo razonable por sus jueces naturales en los delitos de competencia provincial.
Finalmente, el Doctor Larrarte confirmó que la causa principal, referida al comercio de estupefacientes y tenencia, ya está en condiciones de ser elevada a juicio oral, a la espera de la resolución de esta etapa intermedia sobre la competencia judicial.