Paro universitario de 48 horas y nueva Marcha Federal: la comunidad académica vuelve a movilizarse por el financiamiento de la educación pública

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un paro nacional de 48 horas para los días miércoles 26 y jueves 27 de junio, con actividades de protesta en todo el país y una nueva Marcha Federal Universitaria para reclamar el tratamiento y aprobación de una ley de financiamiento que garantice recursos estables para el sistema universitario.

El conflicto se enmarca en el fuerte rechazo al ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei, así como en la falta de actualización salarial y el congelamiento de partidas para gastos operativos. En un comunicado oficial, la CONADU explicó que la medida de fuerza busca visibilizar el estado crítico de las universidades públicas y presionar al Congreso, que el 2 de julio debatirá un proyecto clave para su financiamiento a largo plazo.

“Convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, expresaron desde el gremio docente.

La ley que busca blindar el presupuesto universitario

La iniciativa legislativa que será debatida en Diputados cuenta con el respaldo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Entre sus principales propuestas, el proyecto establece:

• Una inversión universitaria equivalente al 1,5% del PBI para 2031, con incrementos progresivos desde 2026.
• Transferencias automáticas mensuales, calculadas en base a fondos coparticipables.
• Paritarias trimestrales con aumentos salariales mensuales atados al índice de inflación.
• Recomposición salarial retroactiva desde diciembre de 2023.
• Actualización automática de los gastos operativos por el IPC.
• Creación de un fondo anual de $10.000 millones para carreras estratégicas, becas, infraestructura e investigación.

Un nuevo capítulo en la disputa Congreso-Gobierno

La aprobación de esta ley es rechazada por el oficialismo, que argumenta que su aplicación generaría un impacto fiscal insostenible. Sin embargo, desde la oposición aseguran que el objetivo es proteger la educación superior de los vaivenes políticos y asegurar que el presupuesto no quede a merced del Ejecutivo.

El conflicto, que tuvo su punto más alto el pasado 23 de abril con una masiva movilización en Plaza de Mayo, vuelve a cobrar fuerza ante el temor de que el Congreso no avance con la ley. Por eso, la comunidad universitaria se moviliza otra vez, convencida de que la calle será una herramienta clave para sostener el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.