
La información fue publicada por el sitio especializado Econojournal, que señala que abogados del Ministerio de Economía ya analizan las consecuencias legales de un eventual DNU que anularía la Ley 27.637. Esta norma, sancionada en 2021, amplió el beneficio de Zona Fría a más de 3,1 millones de usuarios en todo el país, incorporando a 77 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Necochea, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Azul y Bahía Blanca, entre otros.
La eliminación del régimen implicaría el fin de los subsidios que hoy cubren hasta el 50% del valor del gas natural en zonas consideradas de bajas temperaturas, lo que tendría un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios residenciales y comerciales. La tarifa del gas podría sufrir incrementos considerables, en un contexto ya marcado por la suba de tarifas y la eliminación de subsidios generales.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, busca retrotraer el esquema al modelo original creado en 2002 por la Ley 25.565, que beneficiaba únicamente a hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, y que contemplaba un universo de 850 mil usuarios, dejando afuera a la mayoría de los distritos incorporados en la ampliación de 2021.
Necochea fue incluida en el régimen ampliado debido a su clima, que registra inviernos con temperaturas promedio por debajo de los 10°C, y donde el uso de calefacción a gas es una necesidad básica. La quita del beneficio afectaría a miles de hogares y a sectores productivos y turísticos que dependen del gas para su funcionamiento.
Además, el Gobierno ya comenzó a aplicar restricciones al beneficio, como la eliminación del subsidio para titulares que tienen más de un medidor. Y según un estudio de la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, en las zonas que se incorporaron en 2021 el consumo de gas por hogar aumentó un 7%, a diferencia de otras regiones donde cayó un 9%, lo que podría estar motivando el ajuste.
Aunque el DNU podría publicarse después de las elecciones legislativas de octubre, la sola posibilidad ya genera preocupación en los municipios afectados. Desde distintos sectores políticos y sociales ya se preparan acciones para resistir la medida que, de concretarse, significaría un retroceso en materia de equidad energética y un nuevo golpe al bolsillo de millones de argentinos.