Bibliotecas Populares inician un demanda colectiva para frenar el desmantelamiento de la CONABIP

La demanda colectiva, presentada con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que otorgan al Ejecutivo facultades extraordinarias sobre la administración y el destino de los recursos. Según las bibliotecas, esta medida desconoce derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, y representa un retroceso histórico para las comunidades que sostienen estas instituciones.

“Estamos defendiendo la autonomía y el modelo federal que ha permitido llegar a millones de personas en todo el territorio”, expresó Mara Dalponte, integrante de la Biblioteca Popular Tupac Amaru, una de las impulsoras de la presentación judicial. En la actualidad, más de 1.500 bibliotecas populares brindan servicios a más de 4 millones de personas, muchas de ellas en localidades donde son el único acceso a la lectura y la cultura.

Amplio respaldo de referentes culturales

El reclamo cuenta con el apoyo de más de 5.000 personalidades del ámbito cultural, entre ellas escritores, músicos y exministros de Cultura de diferentes gestiones. Figuras como Teresa Parodi, León Gieco, Pacho O’Donnell, Claudia Piñeiro y María Teresa Andruetto firmaron un manifiesto público en defensa de la CONABIP y del Fondo Especial de Bibliotecas Populares, que resulta clave para la continuidad de las actividades.

“Este decreto no significa una modernización, sino la desarticulación de un sistema que ha sido ejemplo en América Latina. Si se pierde la autonomía, también se pierde la posibilidad de garantizar un acceso equitativo a la cultura”, señaló Paula Kriscautzky, referente de la Biblioteca del Otro Lado del Árbol.

Exministros como Rubén Stella, Pablo Avelluto y la propia Teresa Parodi también se manifestaron en contra de la medida oficial, advirtiendo que su aplicación implicaría la ruptura de una política pública consolidada a lo largo de generaciones.

155 años de historia en riesgo

La CONABIP fue creada en 1870 durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento con el objetivo de promover la lectura y fortalecer el entramado cultural en todo el país. El decreto ahora cuestionado traslada competencias históricas al Ejecutivo, dejando a las bibliotecas expuestas a la discrecionalidad de la administración central.

María del Carmen Bianchi, ex presidenta de la comisión, subrayó que los fondos que se pretenden centralizar son imprescindibles para que muchas bibliotecas autogestionadas puedan seguir funcionando. Desde Necochea, Alberto Franco, de la Biblioteca Popular Andrés Ferreyra, expuso ante el Concejo Deliberante los riesgos de la medida impulsada por el Poder Ejecutivo.

Organización federal y solidaridad internacional

Además de la presentación judicial, las bibliotecas populares llevan adelante diversas acciones: recolección de firmas, reuniones con legisladores, campañas de difusión en redes sociales y medios locales, y manifestaciones públicas. También se espera que la Comisión Bicameral del Congreso se pronuncie en las próximas semanas.

El respaldo ha trascendido las fronteras. La Red Internacional por las Bibliotecas Populares expresó su solidaridad con las bibliotecas argentinas y advirtió sobre el precedente que podría sentar esta iniciativa en otros países de la región. Organizaciones como la Fundación El Libro y la Cámara Argentina del Libro también hicieron público su apoyo.

El compromiso de la comunidad cultural y el movimiento ciudadano que acompaña el reclamo muestran que, a más de siglo y medio de su creación, las bibliotecas populares siguen siendo un espacio clave para la vida democrática y cultural de la Argentina.