
La medida, tomada de forma unilateral, sin diálogo ni transparencia, genera preocupación tanto por su impacto en la salud de los adultos mayores como por las consecuencias directas sobre el sistema público y sus trabajadores.
Desde el gremio calificaron la resolución como un acto arbitrario que vulnera derechos fundamentales y atenta contra el acceso a una salud pública de calidad. “Esto no es una simple reestructuración administrativa: es un recorte brutal que favorece al sector privado a costa del hospital público y de sus trabajadores”, advirtieron.
Un recorte con consecuencias: menos ingresos, mismos pacientes
La medida no sólo implica una transferencia de fondos: afecta directamente los ingresos de los trabajadores del hospital, quienes perciben el 50% de lo que el Municipio recibe por cada capita, a través del sistema de arancelamiento hospitalario. La otra mitad de esos ingresos se destina a cubrir gastos operativos e insumos del nosocomio.
Sin esas capitas, el Hospital Ferreyra perderá financiamiento esencial y el personal verá reducidos sus salarios en un contexto inflacionario, con un creciente deterioro del poder adquisitivo. Lo más grave, sin embargo, es que el volumen de trabajo no disminuirá: la Clínica Cruz Azul, según denuncian desde el sindicato, no cuenta con la infraestructura ni con el plantel profesional necesario para absorber la demanda.
“El hospital seguirá recibiendo y atendiendo a los afiliados del PAMI, pero lo hará sin cobrar por ello, mientras el privado factura sin prestar servicio real. Esto no solo es injusto: es una burla al esfuerzo de los trabajadores y al sostenimiento de la salud pública”, remarcaron.
Un llamado urgente a la comunidad y a los representantes políticos
El sindicato hizo un llamado a toda la comunidad, a las autoridades municipales y especialmente a los concejales que responden al oficialismo nacional —en referencia al bloque de La Libertad Avanza— a pronunciarse en defensa del hospital y a frenar esta avanzada.
“Estamos frente a una decisión política que busca desfinanciar lo público para beneficiar intereses privados. No lo vamos a permitir. Este sindicato va a recurrir a todas las herramientas gremiales, legales e institucionales necesarias para revertir esta medida”, advirtieron.
En tiempos donde la salud pública necesita más apoyo que nunca, quitarle recursos a uno de los principales efectores municipales de la región no sólo es irresponsable: es peligroso. El repudio es contundente, y el conflicto apenas comienza.