
Lo que hasta ahora se denunciaba como un brutal ataque contra los adultos mayores y una transferencia de responsabilidades del Estado al mercado, esta semana fue confirmado en boca de uno de los principales referentes libertarios locales: el concejal Mariano Valiante.
“Estamos hablando de una caja cerca de 180 millones de pesos mensuales para la clínica”, reconoció Valiante en declaraciones a un medio radial local, dejando en evidencia el volumen económico del traspaso de afiliaciones y dando forma a lo que muchos califican como un “negocio millonario disfrazado de reforma”.
El dato es contundente: cada cápita representa dinero que el PAMI destina mensualmente por cada afiliado para su atención médica. Si se trasladan 10.000 cápitas del hospital público a una institución privada, se trasladan también esos fondos. Y si ese dinero deja de ser gestionado por el municipio para pasar a manos de un prestador privado, se configura un esquema donde la salud se convierte en mercancía y el Estado pierde capacidad de control.
Una maniobra con nombres propios
Detrás de esta medida, se posicionan con claridad los nombres del oficialismo libertario en Necochea. Saúl Martoccia, recientemente designado como director de PAMI local, es el responsable directo de la ejecución de este recorte. Juan Cerezuela, la nueva cara del espacio que aspira a la intendencia en 2027, acompaña sin reparos la decisión, intentando mostrarse alineado al 100% con las políticas nacionales de Javier Milei. Y Mariano Valiante, que mantiene un rol de conducción política, ahora también se muestra como el vocero de esta transferencia millonaria.
Los efectos inmediatos son alarmantes: miles de afiliados mayores que hoy se atienden en el hospital público quedarán, desde el 1° de agosto, a merced de una clínica privada desbordada, sin capacidad instalada suficiente, con falta de especialistas y severas denuncias por mal servicio. No hay garantías ni para la continuidad de tratamientos ni para la atención de urgencias.
¿Un negocio con fines electorales?
El reconocimiento de Valiante no deja lugar a dudas: detrás del traspaso de cápitas hay un flujo económico de al menos 180 millones de pesos mensuales. Un monto que representa un golpe durísimo a las finanzas del hospital público y, al mismo tiempo, una ganancia directa para Cruz Azul.
Y aquí aparece una pregunta inevitable:
¿Puede este negocio estar vinculado a un pacto de favores?
¿Es posible que este millonario traspaso de fondos públicos al privado esté financiando, de manera encubierta, la campaña local de La Libertad Avanza que encabeza Juan Cerezuela?
La relación entre decisiones sanitarias y armado electoral ya no parece tan lejana. Y mientras los abuelos pierden atención médica, algunos parecen ganar capital político… y económico.