Escándalo en Necochea: prohíben hablar a las autoridades de PAMI en medio de la polémica por el traspaso de cápitas

Lo que debía ser una jornada clave para obtener respuestas concretas, se transformó en una maniobra de silenciamiento que pone en alerta a toda la comunidad. Este miércoles se suspendió de manera abrupta una reunión de comisión en el Concejo Deliberante, porque —según se supo— las autoridades del PAMI local tienen prohibido hablar.

La comisión, presidida por la concejal Ruth Kalle (Nueva Necochea), había convocado a funcionarios del área de Salud, representantes gremiales y autoridades del PAMI, para abordar el controvertido traspaso de cápitas que afecta directamente a miles de afiliados. Pero la presencia clave del organismo fue anulada por órdenes que, hasta ahora, nadie se anima a explicar públicamente.

El silencio forzado no es un dato menor: ocurre cuando las sospechas por una posible maniobra política detrás de la transferencia de millones de pesos a un prestador privado crecen día a día. ¿Qué esconden? ¿Por qué impedir que hablen quienes más información tienen sobre lo ocurrido?

En las últimas semanas, el director médico de la clínica beneficiada, Dr. Hernández Rubio, admitió que el cambio de prestador no tuvo justificación técnica ni médica, sino que fue una decisión política. Se trata de un desvío de unos 180 millones de pesos mensuales que estaban destinados al hospital público. La maniobra fue respaldada públicamente por referentes locales de La Libertad Avanza, entre ellos el concejal Mariano Valiante, quien reconoció que la “caja” se encuentra en el segundo nivel de atención, es decir, en la internación.

El silencio del PAMI local no solo es llamativo: es una señal de alerta institucional. En lugar de dar explicaciones frente a la comunidad, los responsables del organismo fueron callados, justo cuando debían asistir a un ámbito legislativo para rendir cuentas. La consigna libertaria “¡viva la libertad, carajo!” parece quedarse en el eslogan cuando los hechos revelan lo contrario.

El telón de fondo comienza a mostrar una posible utilización electoral de los recursos de la salud pública. En el centro de las críticas están los dirigentes libertarios locales, como Valiante, Cerezuela y Martoccia, a quienes se acusa de impulsar una operación que debilita al hospital municipal para beneficiar a prestadores privados cercanos, en plena campaña electoral.

Mientras tanto, la gestión del intendente Arturo Rojas inició gestiones legales y políticas para revertir el traspaso ante autoridades regionales del PAMI, mientras los afiliados siguen con incertidumbre sobre su atención médica. Desde el 1° de agosto, quienes hayan sido asignados a la clínica privada deberán esperar al menos 30 días para volver al sistema público.

La reunión de hoy era una oportunidad para transparentar lo ocurrido. La suspensión, bajo la excusa del silencio impuesto, no hace más que alimentar las sospechas. Y la pregunta sigue en el aire: ¿quién gana y quién pierde cuando se calla a quienes deben dar explicaciones?