Masiva marcha en el país y en Necochea en rechazo al veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad.

Familiares, prestadores, profesionales y personas con discapacidad se movilizaron este martes frente al Congreso de la Nación en rechazo al veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, que había sido aprobada con amplio consenso en ambas cámaras legislativas, contemplaba medidas de asistencia urgente para el sector. En simultáneo, la protesta tuvo réplicas en plazas de varias ciudades del país, incluida Necochea, donde organizaciones locales realizaron una concentración frente al Palacio Municipal.

En nuestra ciudad, familias de personas con discapacidad, docentes integradores y referentes de centros terapéuticos autoconvocados se reunieron desde las 11:30 frente a la Municipalidad para exigir la restitución de la ley y denunciar el impacto concreto que tiene la falta de actualización de aranceles, la suspensión de servicios y la caída de prestaciones en centros de día, escuelas especiales y espacios de integración escolar.

Con carteles que denunciaban “Sin ley no hay terapias” y “La discapacidad también es una emergencia”, las personas movilizadas hicieron oír su reclamo en línea con lo que sucedía en la Plaza del Congreso, donde cientos de manifestantes repudiaron el veto presidencial. La protesta en Buenos Aires estuvo marcada por momentos de tensión, cuando fuerzas de Gendarmería intentaron impedir el corte de calle en la intersección de Solís y Rivadavia. El operativo generó rechazo por parte de los asistentes, en su mayoría personas con movilidad reducida o acompañadas por sus hijos.

La ley vetada por Milei incluía una pensión no contributiva compatible con empleo registrado, una compensación económica para profesionales del sector, y actualizaciones automáticas de aranceles en base al índice de inflación. Además, destinaba fondos para el sostenimiento de talleres protegidos y buscaba flexibilizar el acceso a pensiones por discapacidad.

Desde el Gobierno nacional se argumentó que la iniciativa tenía un costo fiscal “inviable”, con un impacto estimado de 2 billones de pesos en 2025. Sin embargo, desde las organizaciones civiles y la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtieron que muchos de los artículos tenían bajo impacto económico: por ejemplo, el bono de 100 mil pesos para prestadores representaba solo el 0,03% del PBI, mientras que los fondos para talleres protegidos equivalían al 0,0008%.

En Necochea, referentes de instituciones locales señalaron que “cada vez más familias tienen que cubrir con rifas, colectas o endeudamiento los tratamientos que antes estaban garantizados por obras sociales”. También remarcaron la pérdida de profesionales en equipos de trabajo y la amenaza de cierre de servicios si no se actualizan los valores de las prestaciones.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitieron un duro comunicado contra el veto: “Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir. Gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores y no dejar en el olvido a quienes más lo necesitan”.

A pesar del revés, distintas organizaciones mantienen el reclamo para que el Congreso insista en la sanción de la norma, aunque aún no se alcanzan los dos tercios necesarios para rechazar el veto. Mientras tanto, la emergencia en discapacidad sigue profundizándose en todo el país, con consecuencias visibles también en ciudades como la nuestra.