
La fiscalía había solicitado 20 años de cárcel, mientras que la querella reclamó 50, considerando la magnitud de los abusos y el daño causado a la víctima y a sus hijos. Durante el juicio, se describió que Contardi ejerció violencia física y psicológica sobre Prandi, sometiéndola a relaciones sexuales mediante amenazas y agresiones, controlando su vida cotidiana y aislándola de sus seres queridos.
El calvario de Prandi se prolongó durante más de una década: los hechos se iniciaron en 2015 y la investigación comenzó en 2021 tras la denuncia de la actriz ante la UFI N° 4 de Escobar. El fiscal destacó los agravantes de la prolongada duración de los abusos, el daño a la salud psicofísica de la víctima y el perjuicio sufrido por sus hijos.
La querella, representada por el abogado Javier Baños, sostuvo que Contardi es incapaz de ser resocializado y que su detención es necesaria para garantizar la seguridad de Prandi.
Durante el juicio también se relataron las agresiones verbales y el control extremo sobre la vida de la actriz, incluyendo frases intimidantes y conductas de manipulación psicológica. La sentencia marca el fin de un largo proceso judicial y asegura que el agresor quede privado de su libertad por un tiempo significativo.