El veto a las jubilaciones golpea más fuerte en Buenos Aires

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la decisión presidencial implica una pérdida de 468 mil millones de pesos por mes para el conjunto de los jubilados, lo que equivale a 5,6 billones en los próximos doce meses. Y casi un tercio de ese ajuste se concentra en el distrito bonaerense, el más poblado del país.

Con 2,36 millones de beneficiarios, Buenos Aires absorberá una poda de 181 mil millones de pesos mensuales, cifra que en un año se traduce en 2,17 billones de pesos menos en los bolsillos de sus jubilados. La magnitud del recorte es tal que lo perdido en la provincia equivale a cinco veces lo que dejarán de percibir los jubilados de Santa Fe y cuatro veces lo que resignarán los de Córdoba.

Un recorte que agrava la pobreza en la tercera edad

El veto no solo frenó la recomposición por inflación pendiente de enero de 2024, sino también la posibilidad de actualizar el bono, que ya había quedado muy por debajo de la canasta básica de la tercera edad, estimada en más de 600 mil pesos mensuales. Esto implica que cientos de miles de jubilados bonaerenses seguirán con ingresos que no alcanzan para cubrir necesidades elementales.

Impacto en la economía local

El ajuste no afecta solo a los jubilados. La provincia concentra la mayor red de farmacias, almacenes y pequeños comercios del país, muchos de los cuales dependen directamente del consumo de los adultos mayores. La caída de 181 mil millones de pesos mensuales en capacidad de compra representa un golpe directo a esas economías locales, en especial en los distritos del interior bonaerense donde la jubilación mínima suele ser el principal ingreso de los hogares.

Un epicentro político y social

El contraste con otras provincias refleja la magnitud del problema: Córdoba perderá 482 mil millones en un año y Santa Fe, 448 mil millones. Buenos Aires sola carga con más de un tercio del ajuste nacional, un dato que no es menor en un territorio que concentra buena parte del electorado argentino.

El CEPA advierte que esta medida significa una transferencia regresiva de ingresos, quitándole poder adquisitivo a uno de los sectores más vulnerables y contrayendo aún más el mercado interno.

Así, la provincia de Buenos Aires se convierte en el epicentro del ajuste previsional. Detrás del discurso de “orden fiscal” del Gobierno, los números muestran una poda que no solo golpea a millones de jubilados, sino que compromete la economía provincial y la vida cotidiana de miles de familias que dependen de esos ingresos.