
El fallo llega con una celeridad llamativa: apenas minutos después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara una denuncia por una supuesta “operación de inteligencia ilegal”. Según el funcionario, las grabaciones buscaban “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
El magistrado ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios y dispuso que el ENACOM reciba un oficio, incluso con habilitación de días y horas inhábiles, para garantizar que ningún contenido llegue a circular.
Sin embargo, la medida colisiona de frente con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, que prohíben expresamente la censura previa. “El remedio judicial es más grave que el supuesto problema que intenta resolver”, advirtieron especialistas en libertad de expresión.
El juez Maraniello, lejos de ser una figura inobjetable, arrastra denuncias recientes por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato y manejo irregular de fondos públicos. El caso está en estudio en el Consejo de la Magistratura, lo que refuerza las sospechas sobre la conveniencia política de su resolución favorable al oficialismo.
La orden judicial llega en un momento crítico para la hermana del Presidente. Los audios filtrados del operador libertario Diego Spagnuolo la ubican en el centro de una supuesta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), golpeando de lleno su imagen pública.
La propia Karina Milei debió enfrentar escraches y protestas en Junín, Lomas de Zamora y Corrientes, y hasta suspendió actividades de campaña en Olavarría y Azul. Según trascendió, algunos candidatos locales pidieron expresamente que no los acompañe, para evitar el desgaste.
Un sondeo reciente de Trespuntozero confirma la caída: la funcionaria acumula un 61,4% de imagen negativa, diez puntos más que hace apenas unos meses, lo que la convierte en una de las dirigentes con peor percepción social en el país.
El episodio deja planteada una pregunta inquietante: ¿la Justicia está protegiendo derechos individuales o actuando como herramienta de censura para un Gobierno acorralado?
Lo cierto es que la medida sienta un peligroso antecedente: en plena campaña electoral, y en lugar de esclarecer las denuncias de corrupción, el oficialismo logra un fallo que impide a la prensa y a la ciudadanía acceder a información de evidente interés público.
El caso, lejos de cerrarse, promete abrir una batalla mayor entre el derecho a la libertad de expresión y los intentos del poder político por blindar a sus funcionarios.