Bondarenko y Ortiz Valenzuela: la sociedad bajo la lupa judicial

Primero fue una denuncia por una presunta “confabulación” dentro de la Policía Bonaerense. Después, un expediente civil en La Plata por la ocupación irregular de terrenos en City Bell. En ambos escenarios, los protagonistas son los mismos: Maximiliano Bondarenko, excomisario inspector y candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección electoral, y Manuel Ignacio Ortiz Valenzuela, exjefe de la Policía Ecológica.

La trama policial

El 24 de julio, el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó a 24 oficiales acusados de utilizar oficinas y recursos del Estado para apoyar políticamente a Bondarenko y preparar un “golpe al comando institucional” que los colocara en puestos clave dentro de la fuerza. La Auditoría de Asuntos Internos halló pruebas en computadoras y chats de WhatsApp. En el centro de la maniobra estaba la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, dirigida por Ortiz Valenzuela.

Uno de los episodios más comentados fue un asado realizado el 11 de julio en la casa de Ortiz Valenzuela, con la presencia de 24 policías, algunos de ellos de alta graduación. Según la denuncia, el encuentro sirvió para planificar tareas a favor de LLA. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, relativizó el hecho y lo describió como una “reunión de camaradería”, pero desde la Provincia consideraron que se trató de un acto político encubierto.

El ministro Javier Alonso amplió luego la denuncia, al sostener que los policías implicados filtraban información a legisladores libertarios y habían montado una “consultora política” dentro de la Bonaerense. La causa penal quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta.

El frente civil: terrenos en disputa

En paralelo, el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de La Plata, a cargo de Federico Martínez, investiga una causa por usurpación en City Bell. Según la denuncia, Bondarenko y Ortiz Valenzuela ocuparon parcelas linderas, construyeron viviendas y hasta compartieron una piscina. Cada uno presentó al otro como testigo en juicios cruzados de usucapión, lo que refuerza las sospechas de coordinación ilegal.

Imágenes satelitales muestran que las construcciones comenzaron en 2015, aunque ambos declararon haber tomado posesión en 1990. Esa diferencia temporal alimenta la hipótesis de falsos testimonios. Los terrenos pertenecían originalmente a Germán Agosti y Emilia Clementina Guala, hoy reclamados por sus herederos —familias Attademo, Aprea y Agosti— en distintos expedientes sucesorios.

Dos causas, una misma sociedad

Así, dos expedientes diferentes —uno penal y otro civil— avanzan en paralelo sobre los mismos nombres. La conexión entre Bondarenko y Ortiz Valenzuela expone una sociedad que se mueve entre las sombras de la fuerza policial y los litigios por la tierra, y que hoy enfrenta el escrutinio de la Justicia en dos frentes sensibles: la institucionalidad y la propiedad privada.