
La demanda fue impulsada por Elba, una mujer mayor que padece una discapacidad, y está patrocinada por la abogada Valeria Carreras. En el escrito, se solicita que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional abstenerse de realizar maniobras dilatorias y se dicte una medida cautelar que obligue al Estado a cumplir con la norma recientemente ratificada por el Congreso tras el veto presidencial.
Carreras explicó que el amparo busca frenar cualquier intento de desconocer la división de poderes: “El Ejecutivo no tiene la potestad de impedir que la ley entre en vigencia. Pretender lo contrario significa atentar contra la democracia misma”.
La abogada señaló además que la iniciativa del Gobierno de condicionar la aplicación de la ley bajo el argumento del déficit fiscal representa una amenaza directa a los derechos de las personas con discapacidad. “No puede permitirse que el Poder Ejecutivo seleccione qué leyes cumplir. El colectivo de personas con discapacidad necesita que se respete su derecho al normal uso y goce de la norma, sin más demoras”, subrayó.
El recurso se enmarca en un clima de tensión política tras la reinstalación de la ley por parte de Diputados y el Senado, que rechazaron el veto de Milei. Ahora, la Justicia deberá resolver si otorga la cautelar que obligue al Gobierno a cumplir la norma sin demoras.