
La medida amplía el alcance de una cautelar previa que regía únicamente en Catamarca, extendiéndola ahora a todo el territorio nacional. Según la resolución, el Gobierno deberá reintegrar más de 100.000 pensiones que habían sido suspendidas en los últimos meses.
Además, el fallo ordena al Ejecutivo abonar los haberes retenidos, abstenerse de realizar nuevas suspensiones y frenar las auditorías en curso dentro del área de discapacidad, mientras se resuelve el fondo del reclamo judicial.
La acción de amparo fue presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, con el acompañamiento de asociaciones de personas con discapacidad. Al expediente se sumaron otras demandas impulsadas por entidades nacionales, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionan la política de recorte aplicada por el Gobierno en materia de asistencia social.
En paralelo, este jueves se registró una violenta protesta frente a la sede de la ANDIS en Buenos Aires, donde familiares y representantes de personas con discapacidad ingresaron por la fuerza al edificio ante la falta de respuesta del nuevo interventor del organismo. Los manifestantes exigieron la inmediata restitución de las pensiones y denunciaron la situación de vulnerabilidad que atraviesan cientos de beneficiarios.
Con esta resolución, la Justicia vuelve a poner freno a una de las medidas más cuestionadas de la gestión de Milei, que había justificado las bajas en presuntas irregularidades administrativas.