El operativo comenzó en la madrugada del martes, con 2.500 agentes, helicópteros, drones y vehículos blindados, en busca del capo conocido como “Doca”, líder regional de la organización. Durante el despliegue, la policía incautó 42 fusiles de alto calibre y bloqueó accesos estratégicos a la zona.
El gobernador de Río, Cláudio Castro, calificó la acción como una “guerra” y aseguró que el narcotráfico cuenta con armas provenientes de redes internacionales. Denunció además la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas, que rechazaron brindar asistencia con equipamiento pesado.
La ofensiva transformó las calles de Penha y Alemão en un verdadero campo de batalla. Más de 200.000 personas se vieron afectadas por cortes de transporte y servicios, con clases suspendidas en 45 escuelas y comercios cerrados.
El operativo reavivó el debate sobre los límites de la violencia estatal en zonas densamente pobladas. Organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch, advirtieron que este tipo de acciones suelen derivar en ejecuciones extrajudiciales y vulneraciones de derechos.
Solo en 2024, las fuerzas de seguridad fueron responsables de unas 700 muertes en Río de Janeiro. Con las 64 víctimas del martes, la cifra se vuelve aún más alarmante, mientras el Estado enfrenta el desafío de controlar el crimen sin reproducir el ciclo de violencia que castiga a los barrios más pobres.