Con la nueva disposición, las escuelas privadas sin aportes estatales —alrededor de 2.000 en todo el país, un 6% del total— ya no estarán obligadas a cumplir con esos plazos ni a pedir autorización estatal para actualizar sus precios.
Según el decreto firmado por Milei, la exigencia anterior era “contraproducente”, porque generaba “incertidumbre económica” en los institutos, que “solían fijar cuotas más elevadas de lo necesario por temor a no poder afrontar costos futuros sin aprobación estatal”.
De esta forma, las instituciones podrán modificar el valor de las cuotas o matrículas en cualquier momento, sin previa notificación ni control del Estado.
La medida despertó críticas entre organizaciones de padres y docentes, que advierten que podría derivar en aumentos desmedidos y falta de previsibilidad para las familias.
No es la primera vez que el Gobierno elimina controles de precios: en junio, el Ejecutivo había tomado una decisión similar con las estaciones de servicio, que dejaron de informar los aumentos a la Secretaría de Energía.
Desde entonces, los consumidores reportaron subas por encima del índice de inflación. En ese contexto, legisladores opositores ya impulsan proyectos para restablecer mecanismos de información y control, con el objetivo de garantizar transparencia y evitar “aumentos sorpresa”.