La comisión por la criptomoneda $LIBRA apuntó al Presidente y denunció un esquema que dejó miles de damnificados

La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA presentó su informe final en la Cámara de Diputados y el documento fue categórico: para los legisladores, el desplome del token constituye una estafa planificada del tipo Rug Pull, una maniobra donde los organizadores retiran fondos de forma abrupta dejando pérdidas masivas entre los usuarios.

El informe detalla que más de 140 mil billeteras participaron, pero solo 36 wallets ganaron más de un millón de dólares. Más de 114 mil usuarios quedaron en rojo, un patrón que, según especialistas convocados por la comisión, demuestra una operatoria “altamente concentrada” y compatible con movimientos coordinados. El experto en blockchain Fernando Molina afirmó que las transacciones muestran un esquema diseñado para beneficiar a un grupo mínimo mientras los compradores minoristas sufrían las pérdidas.

Buena parte del flujo financiero circuló por exchanges como Binance, Bybit, OKX y Bitget, con movimientos que —según el informe— coinciden con maniobras previas de actores vinculados al proyecto. Para los diputados, la imagen pública del Presidente habría sido utilizada para dotar de legitimidad a una criptomoneda que terminó desplomándose poco después de su promoción.

Falta de colaboración del Gobierno y señales de obstrucción

La investigación también chocó con una negativa sistemática del Poder Ejecutivo a aportar información. Funcionarios clave nunca respondieron a los citatorios, entre ellos Karina Milei, la Oficina Anticorrupción, la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera y el propio Presidente, quien no contestó el cuestionario enviado por la comisión.

La ausencia de colaboración motivó a los diputados a presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, luego de que la Justicia rechazara habilitar el uso de la fuerza pública para garantizar la presencia de los funcionarios convocados. La comisión también cuestionó la falta de apoyo del Ministerio Público Fiscal, lo que impidió acceder a datos clave para el análisis financiero.

Miles de damnificados

El informe expone además el impacto social del caso. Datos oficiales remitidos por Ripio señalan que al menos 1.329 argentinos compraron $LIBRA después del tuit presidencial y perdieron dinero tras la caída del token. Para la comisión, esto demuestra que la investidura presidencial ejerció una influencia directa en miles de usuarios que confiaron en la recomendación y terminaron perjudicados.

Posibles consecuencias políticas y judiciales

Con el informe en mano, los legisladores buscan que el Congreso evalúe si corresponde activar un proceso de juicio político y avanzarán con denuncias penales por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y otras figuras que pudieran corresponder.

Para un sector de la oposición, el escándalo $LIBRA representa un punto de inflexión: pone en cuestión la ética presidencial y abre interrogantes sobre una forma de ejercer el poder que, lejos de la transparencia prometida, terminó en un esquema que benefició a muy pocos y dejó miles de damnificados en todo el país.