“Parece que los fallos los escribieron dos personas distintas”: el municipio cuestiona el giro del juez Herrera en la Tasa Vial

Desde el Ejecutivo remarcaron que la resolución “perjudica directamente a los vecinos de Necochea y Quequén”.

El secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, analizó la decisión en diálogo con el periodista Jorge Gómez y dejó en claro su desconcierto:
“Todavía no podemos salir de la sorpresa. Cuando uno lee el fallo de agosto y lo coteja con el de ahora, parece que están escritos por dos personas distintas”, cuestionó.

Un beneficio para empresas millonarias y un perjuicio para el vecino

Povilaitis remarcó que el fallo favorece exclusivamente a las terminales portuarias, cuya actividad genera un impacto directo sobre la infraestructura vial: “La actividad lucrativa de las terminales destroza las calles. En lo que va del año circularon cerca de 300 mil camiones por Quequén. Ese deterioro lo paga el vecino con sus tasas”, indicó.

El funcionario insistió en que el perjuicio no es político sino social: “Acá no se perjudica a la administración de Arturo Rojas: se perjudica al vecino de a pie. El vecino termina subsidiando a empresas que facturan en dólares”.

Un cambio de criterio sin explicación

La sorpresa en el Ejecutivo se debe a que el mismo juzgado había rechazado una cautelar similar en agosto, bajo los mismos argumentos, antecedentes y documentación:
“En agosto Herrera tenía un criterio; ahora tiene otro. Los actos administrativos son iguales, la ordenanza es la misma. Qué pasó en el medio, no lo sabemos”, señaló Povilaitis.

Además recordó que la tasa cuenta con aval judicial previo: “La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata ya declaró la constitucionalidad de esta tasa. Ese antecedente no se respetó”.

La tasa y el rol del municipio

El secretario explicó que la actual ordenanza solo modifica quién es el contribuyente: antes eran las exportadoras; ahora, las terminales portuarias.
“El 100% de la mercadería entra o sale en camiones. Si el municipio no sostiene la infraestructura vial, la actividad se detiene. Y eso las terminales lo saben”.

Apelación y plazos

El municipio confirmó que apelará la medida.
Por los plazos judiciales y la feria de verano, la resolución podría demorar entre 3 y 6 meses.

Mientras tanto, la cautelar ordena al municipio abstenerse de cualquier acción vinculada al cobro de la tasa, lo que, según Povilaitis, “hace que el vecino siga pagando lo que deberían pagar quienes lucran con la operatoria portuaria”.