La situación se originó luego de la última sesión del Concejo Deliberante de 2025, en la que los concejales aprobaron la compra de alimentos esenciales para el principal efector de salud del distrito. Sin embargo, tras el cierre de la sesión, el secretario del cuerpo omitió rubricar el expediente, un paso administrativo básico e indispensable para que la licitación pudiera concretarse.
La falta de la firma no fue un detalle menor ni un simple error burocrático: al no quedar formalizado el acto administrativo antes del cierre del año, la licitación quedó sin efecto, obligando ahora al Departamento Ejecutivo a iniciar todo el proceso nuevamente, con la consecuente pérdida de tiempo, demoras operativas y riesgos en la provisión de alimentos para el hospital.
El episodio genera fuerte preocupación y expone una irresponsabilidad institucional alarmante, ya que se trata de insumos críticos para el funcionamiento diario del sistema de salud. La omisión administrativa no afecta un trámite menor, sino nada menos que el abastecimiento de carne y pollo para pacientes y personal sanitario.
Desde el Ejecutivo municipal ahora deberán rehacerse los plazos legales, administrativos y presupuestarios para volver a llamar a licitación, en un contexto donde cada demora puede traducirse en complicaciones logísticas para el Hospital Emilio Ferreyra.
El caso reabre además un debate de fondo sobre la responsabilidad que implica ocupar un cargo público. Ser designado o elegido —ya sea por el voto popular o por acuerdos políticos dentro del recinto— no se limita al protagonismo en el estrado, sino que exige rigor, compromiso y cumplimiento estricto de las obligaciones administrativas.
En este marco, la actuación de Alvariño, dirigente del espacio libertario local, queda bajo la lupa y plantea interrogantes serios sobre la idoneidad y el cuidado con el que se gestionan decisiones que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos y, en este caso, en la salud pública.
Mientras tanto, el Hospital deberá esperar. Y Necochea vuelve a pagar el costo de errores que no deberían ocurrir jamás dentro de las instituciones del Estado.