Violencia, psicología y representación pública: ¿puede un dirigente agresivo seguir ocupando una banca?

La frase “te voy a arrancar la cabeza”, pronunciada en un ámbito institucional, marca un punto de inflexión que obliga a un análisis más profundo: no solo político, sino también psicológico y democrático.

La política es, por definición, conflicto. Pero el conflicto democrático se procesa con palabras, ideas y reglas. Cuando ese marco se rompe y la discusión deriva en amenazas explícitas, la situación deja de ser un cruce ideológico para convertirse en un problema serio de convivencia institucional.

Lo que dice la ciencia sobre la agresividad permanente

Desde la psicología social y política existen abundantes estudios que analizan las conductas agresivas reiteradas en figuras de poder. Investigaciones publicadas en revistas como Journal of Personality and Social Psychology o Political Psychology coinciden en un punto clave: la agresividad verbal crónica no es solo una forma de comunicación, sino un indicador de baja tolerancia a la frustración y escaso control de impulsos.

Las personas que reaccionan con amenazas, insultos o descalificaciones permanentes ante la crítica suelen presentar:

• Dificultades para regular emociones en contextos de tensión.

• Tendencia a percibir el disenso como un ataque personal.

• Necesidad de imponer dominancia mediante intimidación.

• Escasa capacidad empática hacia el otro, incluso en ámbitos formales.

En cargos públicos, estos rasgos no son menores. El ejercicio de la representación exige exactamente lo contrario: autocontrol, templanza, capacidad de escucha y respeto por reglas compartidas. No se trata de “corregir” personalidades, sino de entender que ciertas conductas son incompatibles con la función institucional.

De la palabra violenta al riesgo real

La violencia verbal no es inocua. Numerosos estudios advierten que la normalización del agravio y la amenaza incrementa la probabilidad de episodios de violencia física, directa o indirecta. Cuando un dirigente público legitima el insulto o la intimidación, habilita un clima social donde otros pueden sentirse autorizados a replicar esas conductas.

En el caso de Cerezuela, el patrón es preocupante: amenazas dentro del recinto, antecedentes de reacciones violentas durante la campaña y un desprecio sistemático hacia la prensa crítica, a la que descalifica con insultos graves. No es un hecho aislado, es una conducta reiterada.

Representar no es agredir

Un concejal no es un influencer ni un provocador profesional. Es un representante institucional de toda la comunidad, incluso de quienes no lo votaron. Su banca no es un ring, ni un streaming partidario, ni un estacionamiento donde se dirimen discusiones “a ver quién se la banca más”.

Cuando un edil reemplaza el debate por la amenaza, no solo se degrada a sí mismo: daña al cuerpo legislativo, erosiona la confianza ciudadana y banaliza la democracia. La política deja de ser un espacio de construcción colectiva y pasa a ser un escenario de confrontación personal.

La pregunta incómoda, pero necesaria

Llegados a este punto, la pregunta no es ideológica. No se trata de La Libertad Avanza, del oficialismo o de la oposición. La pregunta es institucional y ética:
¿una persona que demuestra agresividad verbal reiterada, intolerancia a la crítica y amenazas explícitas está en condiciones de seguir ocupando un cargo público?

La democracia no exige dirigentes dóciles, pero sí responsables. No necesita gritos ni amenazas para funcionar. Necesita reglas, límites y representantes capaces de sostener el conflicto sin cruzar líneas que después son difíciles de volver a trazar.

Cuando la violencia se naturaliza, el problema deja de ser un concejal y pasa a ser el sistema. Y en ese punto, mirar para otro lado también es una forma de responsabilidad.

La política puede ser dura, pero no puede ser violenta. Porque cuando la palabra se convierte en amenaza, lo que está en juego no es una discusión: es la calidad misma de la democracia.