En un escenario de gravedad institucional absoluta, la decisión política vuelve a dejar a Necochea al borde de perder una oportunidad histórica para terminar, de una vez y para siempre, con las ruinas que degradan el corazón de la villa balnearia.
La polémica modificación a la ordenanza que regula la subasta del Complejo Casino de Necochea generó un fuerte cimbronazo político, institucional y económico. Según pudo saberse, la alteración de las reglas del proceso habría derivado en la caída de al menos dos inversores de peso que analizaban seriamente participar de la compra y reconversión del emblemático edificio, una situación que vuelve a sembrar incertidumbre sobre el futuro del predio.
La responsabilidad política recae directamente sobre los concejales que votaron a favor del cambio normativo, una decisión que fue calificada desde el Ejecutivo como un verdadero “mamarracho jurídico” y que amenaza con sepultar, una vez más, la posibilidad de recuperar el Casino, abandonado desde hace décadas.
Desde el oficialismo advierten que se trata de una gravedad institucional absoluta, ya que se alteraron las reglas de juego en pleno proceso, afectando la seguridad jurídica y la confianza de los potenciales inversores. “Cambiar las reglas de esta manera espanta cualquier posibilidad de inversión y pone en juego las fuentes laborales”, advirtió el intendente Arturo Rojas, quien además confirmó que la ordenanza será vetada y judicializada si avanza definitivamente en el Concejo Deliberante.
El jefe comunal fue todavía más duro al apuntar contra el trasfondo político de la decisión. “Muchos ya empezaron la carrera electoral del 2027 y no les importa llevarse puesta una solución que los vecinos esperan hace décadas”, sostuvo, dejando en claro que la disputa partidaria está primando por sobre el interés general de la ciudad.
Los concejales que acompañaron la modificación pertenecen a distintos bloques: por La Libertad Avanza votaron Juan Cerezuela, Eduardo Caballero y Alejandro Karagiannis; por Fuerza Patria, Marcelo Rivero y Silvia Blanco; por Avanza Necochea, Guillermo Sánchez y Bartolomé Zubillaga; y por ACT, Juan Pablo de la Hera y Bettiana Pustilnik. Para el Ejecutivo, esa mayoría circunstancial terminó conformando una decisión “irresponsable”, sin medir las consecuencias económicas, laborales e institucionales.
La posibilidad de que dos inversores se hayan bajado del proceso expone con crudeza el impacto inmediato de la incertidumbre política. En lugar de avanzar hacia una solución definitiva para uno de los símbolos del abandono urbano de Necochea, la ciudad vuelve a quedar atrapada en disputas internas que alejan inversiones, profundizan la parálisis y prolongan el deterioro del Casino.
Mientras el conflicto escala y se anticipa un veto y una eventual judicialización, el futuro del Complejo Casino vuelve a quedar en suspenso, con una certeza cada vez más marcada: las decisiones tomadas en el Concejo Deliberante podrían haber hecho retroceder años un proceso que los vecinos reclaman resolver desde hace generaciones.