Según explicó el secretario de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, el pliego prevé un sistema de pago escalonado. Al momento de la subasta, o dentro de las 48 horas posteriores, el comprador deberá abonar un 10% del precio de venta en concepto de anticipo y principio de ejecución, más un 3% correspondiente a la comisión del martillero, además de los impuestos que correspondan.
Una vez que el Departamento Ejecutivo notifique la aprobación del boleto de compraventa —prevista para mediados de febrero—, el adjudicatario deberá integrar un 15% adicional dentro de los cinco días hábiles. A partir de la firma del boleto, se otorgará la tenencia del inmueble para iniciar tareas de conservación y mejoras en las estructuras existentes.
El 75% restante del valor total se financiará a largo plazo. Ese monto será convertido a dólares estadounidenses tomando la cotización “tipo vendedor” del Banco Nación del día hábil previo a la subasta y se cancelará en cuatro cuotas anuales, iguales y consecutivas, venciendo la primera a los doce meses de la firma del boleto.
La ordenanza también aclara que la posesión definitiva de las parcelas se otorgará junto con la escritura de dominio, salvo que el comprador opte por cancelar la totalidad del precio de manera anticipada. “La escritura se entrega cuando pague todo y haga también la subdivisión de las parcelas que son las que se venden”, precisó Povilaitis.

Para participar de la subasta, cada oferente deberá constituir una garantía de mantenimiento de oferta equivalente al 20% del valor base, que podrá integrarse mediante depósito en efectivo en las cajas municipales o a través de una póliza de seguro de caución. A quienes no resulten adjudicatarios, el monto les será devuelto dentro de los 30 días posteriores a la subasta. En el caso del ganador, esa garantía podrá imputarse al precio de venta una vez abonado el primer 15%.
El boleto de compraventa podrá cederse total o parcialmente con autorización del Departamento Ejecutivo, aunque el funcionario aclaró que quien cede no se libera de las obligaciones asumidas, quedando dos responsables frente al municipio.
Respecto a la falta de plazos de obra en la ordenanza, Povilaitis sostuvo que “nadie va a venir a invertir 3 millones de dólares para dejarlo abandonado” y advirtió que, de ocurrir, se aplicarían las ordenanzas vigentes para terrenos abandonados, con las intimaciones correspondientes.
La normativa dispone una exención total de tasas, impuestos y gravámenes municipales por 15 años para el adjudicatario y las actividades que se desarrollen en el predio, incluyendo las parcelas resultantes de la subdivisión. La única excepción son los desarrollos de vivienda multifamiliar en las parcelas “A” y “B.1”, donde la exención finalizará una vez concluida la obra y regularizada la titularidad de las unidades.
En cuanto al uso del dinero recaudado, la ordenanza establece que el 70% se destinará a obras públicas municipales, mientras que el 30% restante será de libre disponibilidad, con prioridad para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, especialmente el área de salud.
“Las obras que se hagan con lo producido de la venta las define el Departamento Ejecutivo”, remarcó Povilaitis, quien agregó que el porcentaje de libre disponibilidad terminará teniendo como principal destino el fortalecimiento de los servicios esenciales del municipio.
Fuente Ecos Diarios