En Bahía Blanca, el aporte extraordinario impuesto a las grandes empresas del Polo Petroquímico permitió avanzar con un plan de 13 obras estratégicas por un monto estimado de más de 30 mil millones de pesos, con trabajos ya licitados por más de 2.400 millones. El tributo fue incorporado a través de un incremento especial en la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene y se justificó en la necesidad de reparar la infraestructura dañada por las inundaciones.
Durante la apertura de sobres de una de las licitaciones, el intendente Federico Susbielles afirmó que “este será el año del renacer de la ciudad”, al tiempo que destacó que el esquema fiscal aprobado con el respaldo del Concejo Deliberante permitió que los sectores económicos más poderosos contribuyan directamente al financiamiento de obras públicas.
Una realidad distinta se vive en Necochea, donde la tasa portuaria fue sancionada con el objetivo de que las terminales exportadoras de Puerto Quequén aporten al mantenimiento de las calles deterioradas por el tránsito pesado. El tributo se calcula mensualmente en base al valor de medio litro de gasoil grado 3 por cada tonelada de carga exportada, lo que representa un impacto estimado de alrededor de 750 pesos por tonelada, es decir unos 22.500 pesos por camión de 30 toneladas.
La tasa fue concebida para financiar la reparación y mantenimiento de la red vial urbana tanto en Necochea como en Quequén, afectada principalmente por el constante paso de camiones vinculados a la actividad cerealera. Sin embargo, durante 2025 su implementación fue frenada por medidas cautelares solicitadas por el sector agroexportador, lo que impidió que el Municipio pudiera contar con esos recursos.
Desde el Ejecutivo local se sostiene que el tráfico constante de transporte pesado genera un desgaste extraordinario de la infraestructura urbana y que, sin este aporte específico, el costo del mantenimiento termina siendo absorbido por los vecinos a través de los impuestos generales.
La comparación con Bahía Blanca pone en evidencia dos caminos distintos: mientras una ciudad ya transformó un tributo especial en obras concretas —desagües pluviales, conductos hidráulicos y mejoras estructurales—, en Necochea la tasa portuaria permanece en el plano normativo, sin traducirse aún en trabajos visibles sobre las calles más castigadas por el tránsito vinculado al puerto.
De haberse aplicado plenamente, la tasa portuaria podría haber generado un fondo mensual significativo para ejecutar un plan sostenido de bacheo, repavimentación y refuerzo estructural de arterias clave como las de acceso a Puerto Quequén, además de obras complementarias en barrios afectados por el paso diario de camiones. En términos comparativos, el esquema permitiría planificar múltiples intervenciones viales de mediana escala cada año, en lugar de acciones aisladas y de emergencia.

El contraste con Bahía Blanca reabre el debate en Necochea sobre la necesidad de contar con herramientas fiscales que permitan que los grandes actores económicos contribuyan de manera directa al sostenimiento de la infraestructura urbana que utilizan intensivamente. Mientras en el sur bonaerense la “Tasa Solidaria” ya se traduce en caños, excavadoras y licitaciones millonarias, en el distrito de Necochea la tasa portuaria continúa trabada en los tribunales, sin que los vecinos vean aún los beneficios de una norma que fue pensada precisamente para aliviar el deterioro de las calles.