Verónica Posse advirtió sobre el uso político del debate por la baja de la edad de punibilidad

Durante una entrevista en el programa Código Abierto de K2 Radio que conduce Alejandro "Cuca" Sanchez, Posse aclaró que su postura surge desde su experiencia profesional y también como ciudadana. En ese marco, consideró que el debate es legítimo: “Es una discusión que debe darse porque la sociedad lo reclama”, señaló, aunque remarcó que será el Congreso el que defina cuál debería ser la edad específica.

Desde un enfoque técnico, explicó que Argentina mantiene actualmente la edad de punibilidad en los 16 años, cuando “son pocos los países que sostienen ese límite”, pero advirtió que cualquier modificación debe contemplar los compromisos internacionales asumidos por el país. “Hay que tener en cuenta la adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño y el marco regulatorio que establecen los tratados internacionales, que tienen jerarquía constitucional”, subrayó.

La fiscal fue enfática al remarcar que los derechos de las personas menores de edad no pueden ser eliminados. “Los derechos que se les reconocen a los niños, niñas y adolescentes nunca se pueden suprimir”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el verdadero eje de la discusión debería estar puesto en garantizar condiciones básicas de vida. “Un niño o adolescente debe tener familia, vivienda, educación, posibilidades de desarrollo personal, recreativo, artístico y deportivo, y acceso a la educación gratuita”, enumeró. Según advirtió, esos aspectos suelen quedar fuera del debate público cuando se reduce la problemática únicamente a la cuestión penal.

Posse cuestionó además los discursos que plantean que bajar la edad de punibilidad y someter a un adolescente de 13 años a un proceso penal sería la solución al problema. “Como padres o integrantes de una familia sabemos que una sanción no resuelve el conflicto”, expresó, al tiempo que señaló que muchas veces existe una “utilización política del tema” basada en consignas simplificadas.

Asimismo, explicó que la intervención penal del Estado se produce cuando ya ocurrió un delito, por lo que se trata de la última instancia. “Cuando hablamos de proceso penal, hablamos de un Estado que interviene después del hecho. Si antes ese mismo Estado no desarrolló políticas públicas que garanticen derechos, la respuesta llega tarde”, sostuvo.

Por último, consideró necesario avanzar en un régimen penal juvenil a nivel nacional que establezca reglas claras para los procesos penales de personas menores de edad. “Es imprescindible contar con normas específicas que regulen cómo debe intervenir el sistema judicial en estos casos”, indicó.

En el cierre, la fiscal recordó que este debate no es nuevo y que suele reactivarse a partir de hechos graves con fuerte impacto mediático. “La discusión surge cuando hay situaciones de resonancia pública, como tentativas de homicidio o casos donde hubo víctimas fatales”, concluyó.