El Municipio acatará la cautelar que frenó la subasta del Casino, pero apelará la decisión judicial

Según se desprende de la resolución judicial, el magistrado consideró necesario que intervenga la Comisión de Preservación como autoridad de aplicación y que se realice una Evaluación de Impacto Ambiental previa, al entender que la norma podría generar efectos en el ámbito del Parque Miguel Lillo.

Desde el Departamento Ejecutivo municipal expresaron que respetan la decisión judicial, aunque no comparten los fundamentos del fallo, y adelantaron que interpondrán los recursos legales correspondientes para revertir la medida.

En ese sentido, desde el área legal explicaron que la normativa vigente establece con claridad que, ante la desafectación de bienes declarados de interés patrimonial, la autoridad de aplicación es el Departamento Ejecutivo Municipal y no la Comisión mencionada en la resolución judicial. Así lo dispone el artículo 3º de la Ordenanza Nº 4238/00, modificado por la Ordenanza Nº 7106/10, que asigna al Ejecutivo la aplicación de dicha norma a través de sus áreas competentes.

Respecto de la exigencia de una Evaluación de Impacto Ambiental, el Municipio señaló que la Ley provincial 11.723 establece esa obligación únicamente para proyectos que impliquen la realización de obras o actividades susceptibles de generar efectos negativos sobre el ambiente. En este caso, remarcaron que la Ordenanza Nº 12.009/25 no autoriza ningún tipo de intervención edilicia ni proyecto constructivo, sino que dispone la venta del inmueble en el estado en que se encuentra, con todas sus instalaciones y estructuras existentes.

Desde el Ejecutivo subrayaron que la eventual subasta solo produciría un cambio de titularidad dominial del predio, sin implicar modificaciones físicas ni emprendimientos que puedan afectar el entorno ambiental. Por ese motivo, consideraron que no corresponde exigir una Evaluación de Impacto Ambiental ni convocar a instancias de participación ciudadana en esta etapa del proceso.

Asimismo, indicaron que cualquier definición sobre nuevos usos urbanísticos o indicadores constructivos deberá tramitarse posteriormente, con intervención de la Provincia de Buenos Aires y los mecanismos de consulta previstos por la normativa vigente.

Por último, el intendente Arturo Rojas se refirió públicamente a la situación y expresó: “Respetamos la decisión de la Justicia, aunque no la compartimos. Vamos a responder por las vías legales correspondientes, con la solidez técnica de nuestros actos administrativos”.

Desde el Municipio ratificaron que continuarán defendiendo la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante y el procedimiento administrativo iniciado, con el objetivo de que se reanude el proceso de subasta del histórico complejo.