El proyecto, que introduce cambios profundos en el régimen laboral y en el sistema sindical, deberá ahora ser tratado por la Cámara de Diputados.
El oficialismo logró el respaldo necesario tras una intensa negociación política que incluyó concesiones a la CGT. Entre ellas, se aceptó mantener el carácter obligatorio de la cuota sindical y el aporte del 6% a las obras sociales. Sin embargo, el Gobierno sostuvo los ejes centrales de la iniciativa, como la creación de un fondo de indemnización laboral, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la prioridad de la negociación por empresa sobre la negociación por rama y la derogación de distintos estatutos laborales.
Desde el Ejecutivo destacaron que la reforma busca modernizar el mercado de trabajo y fomentar la generación de empleo mediante reglas más flexibles. En ese sentido, la ministra Patricia Bullrich defendió el proyecto al señalar que “Argentina necesita competitividad para crear trabajo” y reivindicó la eliminación de la ultraactividad y los nuevos esquemas de negociación laboral.
Durante el debate, no faltaron las críticas desde la oposición. El senador José Mayans denunció irregularidades en el procedimiento legislativo y advirtió sobre una eventual judicialización de la norma, al señalar que se incorporaron numerosas modificaciones sobre la marcha. En la misma línea, Fernando Salino cuestionó que no estuviera claro cuál sería el texto definitivo al momento de la votación.
Otros legisladores, como Mariano Recalde y Lucía Corpacci, afirmaron que la reforma afecta derechos históricos de los trabajadores y cuestionaron la forma en que se condujo la negociación. Desde sectores del peronismo también se alertó que el proyecto modifica más de 40 leyes vigentes, lo que a su entender constituye un paquete legislativo de alto impacto social.
Desde el oficialismo y sus aliados, en cambio, defendieron la iniciativa como una herramienta necesaria para ordenar el mercado laboral. Joaquín Benegas Lynch sostuvo que la reforma constituye un “pilar estructural” para mejorar el ámbito del trabajo, mientras que Ezequiel Atauche lanzó duras críticas contra los sindicatos y celebró el fin de la ultraactividad.
La aprobación en el Senado representa un avance clave para el Gobierno, aunque el debate promete continuar con fuerte intensidad política y social cuando el proyecto llegue a Diputados. Mientras tanto, la CGT logró preservar algunos mecanismos de financiamiento, pero no pudo frenar un esquema que introduce cambios sustanciales en el modelo sindical y en los derechos laborales vigentes.