13/02/2026

Política

Casino Necochea

Concejales de Fuerza Patria solicitan al Ejecutivo agotar las instancias legales para la subasta del Casino

06:31 | Los bloques de concejales de Fuerza Patria y Avanza Necochea impulsaron un proyecto de resolución para exigirle al Departamento Ejecutivo que avance sin dilaciones en todas las instancias legales posibles con el objetivo de concretar la subasta del Complejo Casino.



La iniciativa busca que el Concejo Deliberante de Necochea ratifique la voluntad política expresada en la Ordenanza Nº 12.009/25, actualmente frenada por una medida cautelar dictada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Necochea, a cargo del juez Carlos Herrera.

En los fundamentos del proyecto, los ediles remarcan que la paralización del proceso de subasta mantiene en un escenario de incertidumbre tanto el futuro del emblemático edificio como la situación laboral de los trabajadores del Casino. Por ese motivo, plantean que el Ejecutivo debe “agotar las vías legales correspondientes” para destrabar el conflicto judicial y retomar el procedimiento de venta.

El texto también aclara que el pedido no implica una intromisión en la independencia del Poder Judicial ni una vulneración del derecho de los vecinos a recurrir a la Justicia. Sin embargo, advierte que la demora en la resolución del litigio profundiza el deterioro del inmueble y prolonga un estado de indefinición que impacta en la administración municipal.

Además, los concejales solicitan que el Ejecutivo actúe con celeridad ante los requerimientos judiciales y priorice la resolución del conflicto, con el objetivo de reactivar la subasta pública en el menor tiempo posible.

En uno de los puntos centrales, el proyecto subraya que cualquier negociación o salida judicial deberá contemplar como eje principal la preservación de las fuentes laborales de quienes actualmente se desempeñan en el Complejo Casino, señalando que la situación de los empleados no puede quedar subordinada a la disputa legal.

De este modo, el Concejo busca enviar una señal política clara al Departamento Ejecutivo para que insista en el camino legal que permita avanzar con la subasta, en medio de un escenario judicial que mantiene en suspenso una de las decisiones más controvertidas de la actual gestión municipal.