Durante todo 2025, la recaudación por la Tasa de Salud alcanzó los $36,5 millones. Traducido a cada contribuyente, el número es contundente: apenas $4.777 por mes, lo que equivale —en términos cotidianos— a poco más que dos alfajores.
Sin embargo, el costo de sostener la Unidad Sanitaria es abismalmente superior. Solo en salarios del personal (29 trabajadores), el municipio de Necochea destinó más de $540 millones en el año. Si se suman guardias y refuerzos médicos, el gasto total trepa a casi $600 millones.
El dato más elocuente: lo que aportan los vecinos cubre apenas el 4% del costo del personal de salud.
Incluso el pago total de todas las tasas municipales en la localidad —unos $99 millones en todo el año— no alcanza ni siquiera para cubrir servicios básicos como la recolección de residuos, que demandó más de $230 millones.
En este contexto, surge una contradicción difícil de ignorar: mientras se multiplican los reclamos por más médicos, mejor atención y mayores recursos, la cobrabilidad de las tasas ronda apenas entre el 36% y el 41%.
El debate de fondo no es menor. La salud pública requiere inversión constante, recursos humanos calificados y un fuerte respaldo económico. Pero también necesita algo básico: contribuyentes que cumplan.
En una localidad donde gran parte de la población está vinculada a la producción agropecuaria, los números abren un interrogante incómodo:
¿se puede exigir un sistema de salud de alta complejidad aportando lo mínimo?
La situación de La Dulce expone un problema estructural que va más allá de un reclamo puntual: sin compromiso fiscal, no hay sistema de salud que alcance.