La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revisó el caso y consideró que YPF fue correctamente exculpada en el proceso de estatización, que se llevó a cabo durante el último gobierno de Cristina Kirchner.
De todos modos, las partes aún cuentan con una última instancia judicial: la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que podrán recurrir como último recurso dentro del sistema judicial norteamericano.
El proceso judicial se inició en 2015 y tuvo un primer fallo de primera instancia en 2023, cuando la Justicia estadounidense resolvió condenar al Estado argentino a pagar más de US$16.000 millones, en un fallo contrario a los intereses del país.
En esa resolución, la jueza Loretta Preska había considerado que la Argentina violó el estatuto de YPF durante el proceso de privatización que estuvo a cargo del entonces ministro de Economía Axel Kicillof.
Ahora, con la decisión de la Cámara de Apelaciones, el tribunal dio la razón a la Argentina en la disputa judicial planteada por los fondos demandantes, revirtiendo el fallo previo que obligaba al país a afrontar ese millonario pago.