El requerimiento fue impulsado por la Fundación Poder Ciudadano, que solicitó precisiones sobre la creación, estructura y financiamiento de esta oficina. La contestación, difundida por la propia organización, dejó más dudas que certezas.
Según la información oficial, la “Oficina de Respuesta Oficial” no constituye un organismo formal dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En ese sentido, el Gobierno aclaró que no existe ningún acto administrativo que haya dispuesto su creación, ni tampoco figura dentro del organigrama estatal.
Además, se indicó que la supuesta oficina no cuenta con presupuesto asignado ni con partidas específicas destinadas a su funcionamiento, lo que refuerza la falta de formalidad institucional.
Otro de los puntos llamativos es que, si bien se reconoció que su operatividad se encuentra dentro de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, esta área tampoco dispone de personal asignado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete para cumplir dichas tareas.
En ese marco, la respuesta oficial sugiere que la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” no es más que una cuenta en la red social X, sin estructura administrativa, financiamiento ni recursos humanos propios.
El caso reabre interrogantes sobre los mecanismos de comunicación del Gobierno y el uso de herramientas informales para responder a la prensa, en un contexto donde la transparencia y el acceso a la información pública vuelven a estar en el centro del debate.