El oficialismo logró avanzar con la iniciativa gracias al apoyo de distintos bloques, entre ellos sectores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, alcanzando el número necesario para sancionar la norma.
La nueva legislación introduce cambios que, según el Gobierno, permitirán impulsar inversiones, especialmente en el sector minero, al flexibilizar ciertos criterios sobre las áreas protegidas y su uso productivo.
Durante el debate, desde el oficialismo defendieron la reforma al sostener que es posible compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado del ambiente. En esa línea, argumentaron que la iniciativa busca potenciar las economías regionales sin dejar de lado la protección de los recursos naturales.
Sin embargo, desde la oposición surgieron fuertes críticas. Legisladores de distintos espacios advirtieron que se trata de una medida “regresiva” que podría afectar zonas sensibles y poner en riesgo reservas estratégicas de agua. También cuestionaron el rol de las empresas mineras en la elaboración del proyecto y alertaron sobre posibles impactos ambientales.
La sesión transcurrió en un clima menos tenso de lo esperado para el oficialismo, que ya anticipaba contar con los votos necesarios. Incluso varios oradores redujeron sus intervenciones ante la certeza del resultado.
En paralelo, organizaciones ambientalistas realizaron protestas y manifestaciones en distintos puntos del país, rechazando la reforma y reclamando la defensa de los glaciares como recursos esenciales.
Con la aprobación en Diputados, la modificación de la ley queda sancionada y abre un nuevo escenario de debate entre desarrollo productivo, inversiones y preservación ambiental en la Argentina.