Según el informe elaborado por una veintena de legisladores, los fondos no transferidos al sistema vial alcanzarían los $1.165.491 millones, una cifra que —afirman— habría permitido reparar gran parte de la red vial nacional, actualmente en estado crítico.
La normativa vigente establece que el 28,58% de lo recaudado por el impuesto debe ser girado al Sistema Vial Integrado (Sisvial). Sin embargo, los diputados sostienen que esos recursos no fueron transferidos, lo que consideran un incumplimiento legal.
El informe detalla que en 2024, tras un fuerte incremento en la recaudación del tributo, se debieron destinar más de $350 mil millones al sistema vial. En 2025, la cifra habría ascendido a más de $688 mil millones, mientras que en los primeros meses de 2026 se sumarían otros $122 mil millones no girados.
El impacto de esta situación se refleja en el estado de las rutas nacionales, que presentan un marcado deterioro, con señalización deficiente y banquinas en malas condiciones. Legisladores y autoridades locales advierten que esta situación no solo afecta la logística y la economía, sino que también pone en riesgo la seguridad vial.
En ese contexto, el diputado Guillermo Michel aseguró que “la situación no se sostiene más” y reclamó respuestas al Gobierno nacional, tras reiterados pedidos de informes sin avances.
El malestar se extiende a intendentes y gobernadores de distintas provincias, quienes analizan coordinar acciones conjuntas para exigir soluciones. Incluso, se prevén reuniones en Buenos Aires para definir una estrategia común frente al estado de las rutas y la falta de financiamiento.
Además, desde distintos sectores advierten que la retención de estos fondos podría derivar en presentaciones judiciales, en un escenario donde el deterioro de la infraestructura vial ya genera consecuencias visibles en todo el país.