Embargan a la municipalidad por $4.000.000 por una casa que López abandonó

El municipio deberá pagar un millonario juicio por el alquiler de una vivienda. Se desocupó durante el gobierno de Facundo López, pero con una deuda de por medio

*Un Informe de Ecos Diarios

Una serie de incumplimientos y supuestas negligencias han derivado en un embargo judicial a las cuentas de la Municipalidad, que deberá abonar una suma total de $3.966.557.

El causal de la demanda fue el no pago durante varios meses del alquiler del inmueble de calle 56 Nº 2877, donde funcionaran varias dependencias municipales, y la no  entrega en forma fehaciente del bien a su propietario una vez que el municipio lo desocupó, con lo cual siguieron facturándose alquileres e intereses fijados en el contrato de locación.

Un poco de historia

En el último año de la administración de José Luis Vidal al frente del municipio se alquiló la casa en la calle 56 entre 57 y 59, para que allí funcionaran varias oficinas, entre ellas las de Empleo, Juventud y del Sistema de Estacionamiento Medido.

Ya durante el gobierno de Facundo López el respectivo convenio venció, y tras ello las partes acordaron dos prórrogas, que vencían el 30 de junio de 2017. En tal extensión se había establecido una cláusula que, si la comuna lo continuaba rentando tras dicha fecha, tendría que abonar en tal concepto $22.500 mensuales hasta diciembre de ese año. Pero en agosto de dicho año, el edificio ya había sido desocupado por la comuna; aunque no se lo devolvió formalmente a su dueño.

Expediente desaparecido

A poco de asumir el gobierno actual fue notificado que el propietario de la vivienda había demandado a la Municipalidad, reclamando a través de apoderados el cobro de alquileres impagos, más una multa de $ 600 diarios hasta tanto le fuera devuelta la propiedad.

Para sorpresa de las autoridades municipales, el expediente original del contrato de alquiler del inmueble había desaparecido de la sede comunal.

Al no existir constancia del tema, el área de Legales empezó a reconstruir el expediente de marras, indagando en primera instancia al titular de Patrimonio, quien informó que en agosto de 2017 se había convocado al apoderado del dueño de la casa para devolverle la llave de la misma. En la ocasión se tomó vista del lugar, pero la parte propietaria advirtió que no recibiría la vivienda hasta tanto no se saldara lo adeudado en materia de alquileres, reclamando el pago hasta diciembre de 2019. Por aquél entonces la deuda oscilaba los $160.000.

Indagando en la acción judicial, en primera instancia se reclamaba el pago incumplido de alquileres entre enero de 2017 y el mismo mes del siguiente año, pero luego se seguiría ampliando hasta diciembre de 2019, al seguir en vigencia las cláusulas del contrato firmado entre las partes, incluyendo no solo la multa de $600 diarios, sino los intereses por ambos conceptos.

Posteriormente el área de Legales intentó una serie de procedimientos, pero la Justicia los rechazó como viables, ya que la causa ya estaba con sentencia firme.

Intimación demorada

El 15 de octubre de 2019 el Juzgado Civil Nº 2 llamó a audiencia conciliatoria, acudiendo por el municipio el entonces subsecretario de Legales, y en el acta se dejó constancia que las partes estaban intentando llegar a un acuerdo, pero no se hizo mención alguna a la entrega de la llave al propietario ni tampoco la Municipalidad lo intimó a recibirla, como debería haber ocurrido. Mientras tanto diariamente se acumulaba deuda.

Al asumir Arturo Rojas se informó de la irregular situación al Tribunal de cuentas de la Provincia e intimó al dueño a recibir su inmueble, bajo procedimiento de consignación. Así logro darse un corte a la situación en diciembre de 2019.

En la causa se han producido dos embargos, el primero en octubre de 2019, por $810.000 (el abogado de la parte demandante cobró $650.000 en carácter de honorarios regulados); y el segundo por $3.156.557, ya en ante la actual gestión municipal. Tales sumas y las respectivas costas determinan los casi $ 4.000.000 que debe pagar la Municipalidad. Actualmente el municipio ha intimado judicialmente a la otra parte para que haga la liquidación y se pueda cancelar la deuda en forma definitiva.

Demandarán a anteriores funcionarios

En el seno del Ejecutivo existe una gran indignación con lo ocurrido, y lo que califican como una “burda y disparatada” maniobra ilícita, sospechando de mala fe al alquilar una casa, desocuparla y transcurrir dos años y medio sin devolver la llave, mediando un juicio por esta cuestión y el no pago de alquileres e intereses.

Bajo estas condiciones se anticipó que en próximos días se planteará una demanda penal contra el exintendente Facundo López y algunos funcionarios de su gestión, por supuestas negligencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Luego el fiscal que reciba la causa tendrá que determinar si hubo comisión de delito en las acciones llevadas a cabo.