La deriva autoritaria de un gobierno que juega a la política atacando a sus aliados

* por Quimey Marfil

En un mecanismo que recuerda a la “caza de brujas” de la era del Macartismo o las listas negras de la última Dictadura, el gobierno nacional realizó, a través de las redes oficiales de la Oficina del Presidente, una publicación donde acusó de “traición” a aquellos diputados que votaron en contra de los particulares de la Ley Ómnibus.

En 40 años desde la recuperación de la democracia jamás se vio un avance tan grande en la deriva autoritaria como el que ha mostrado, en menos de dos meses, el gobierno de Javier Milei. Que se entienda, no estamos hablando de una publicación hecha por una agrupación política simpatizante del gobierno de turno, ni siquiera de las redes sociales de un funcionario, sino de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente.

El comunicado resalta “la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta”.

Mezcla de autoritarismo e ignorancia, el oficialismo nacional desconoce el más elemental principio de un gobierno republicano: la división de poderes. Así, pasa por alto que La Libertad Avanza cuenta con solo 38 diputados de los 257 que conforman en total la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, lo que obliga al oficialismo a hacer precisamente aquello que no quieren: política; el diálogo y la búsqueda de consensos para alcanzar acuerdos que redunden en un beneficio para la mayor cantidad posible de habitantes de un territorio.

Lejos de eso, el gobierno formado por tiktokers, influencers, arribistas y viejos conocidos de la política, se está encargando de dinamitar todos los puentes que podrían acercarlos ya no a la oposición más dura, sino a los sectores moderados y “dialoguistas” como la UCR, las palomas del Pro o el peronismo light encarnado en figuras como el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, uno de los principales acusados por parte del gobierno.

Para que se entienda bien, un presidente que obtuvo el 30% de los votos en las Elecciones Generales y que necesitó de amplios acuerdos para poder imponerse en el balotaje, se está encargando, en pocas semanas de gobierno, de destruir las alianzas con esos mismos sectores que le permitieron llegar al poder.

A estas alturas de una experiencia que sin dudas es novedosa en la política de nuestro país, no queda todavía claro si el objetivo es lograr el descrédito del Congreso a fin de acentuar aun más esa deriva autoritaria (los “likes” y “retuits” a publicaciones libertarias que piden cerrar el Congreso o ir a la guerra sin negociaciones contra la oposición avalarían esta teoría) o es simple estupidez de funcionarios que desconocen cómo funciona la cosa pública. Las próximas semanas serán claves para empezar a dilucidar la respuesta.