Un senador de La Libertad Avanza sugiere la legalización de la venta de menores

El Senado vivió un intenso debate tras la propuesta de endurecer las penas por la "venta y compra" de menores. El senador Juan Carlos Pagotto, representante riojano del partido La Libertad Avanza, propuso que los padres no fueran sancionados en casos de "estado de necesidad".

El controversial episodio se produjo en el contexto de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, mientras se debatía un proyecto de ley que buscaba aumentar las penas para el delito de sustracción y comercialización de menores, un tema que ha cobrado relevancia debido a la desaparición del niño Loan Danilo Peña en Corrientes desde el 13 de junio. La propuesta de Pagotto generó un revuelo considerable entre los legisladores, quienes exigieron una revisión exhaustiva del texto en comisión.

La iniciativa, presentada por los senadores radicales Carolina Losada y Eduardo Horacio Galaretto, pretende tipificar como delito la compra y venta de menores, una figura que actualmente no está contemplada en el Código Penal. El proyecto, originalmente presentado en 2022, había perdido estado parlamentario, pero fue retomado con el objetivo de modificar el artículo 139 bis del Código Penal, aumentando las penas de "4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación".

El proyecto también incluye modificaciones al artículo 139 ter, que impondría penas de prisión de "5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos vinculados a la supresión y suposición del estado civil y la identidad", además de estipular sanciones adicionales para funcionarios públicos o profesionales involucrados en estos delitos.

Durante la sesión del pasado jueves, la propuesta fue aprobada por unanimidad con 63 votos a favor. Sin embargo, la intervención de Pagotto, quien añadió modificaciones no discutidas previamente, desató una oleada de críticas. Al leer el proyecto, Pagotto incluyó la cláusula: "Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad".

La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria (UP), fue una de las más críticas, señalando que Pagotto no estaba leyendo el dictamen acordado, sino una propuesta propia que no había sido consensuada. Di Tullio destacó que esta excepción propuesta por Pagotto intentaba justificar la venta de niños bajo ciertas circunstancias, una idea que provocó indignación entre los senadores.

Pagotto defendió su propuesta argumentando que algunas familias, debido a la extrema necesidad, se ven obligadas a entregar a sus hijos, sugiriendo que sancionarlas solo agravaría su situación. Esta postura fue ampliamente rechazada por los demás legisladores, quienes insistieron en la necesidad de mantener penas estrictas para proteger a los menores de cualquier forma de explotación.