El Gobierno auditará 1,2 millones de pensiones por invalidez: Detectan radiografías de perros en expedientes fraudulentos

En una conferencia de prensa reciente, Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que el Gobierno llevará a cabo una auditoría exhaustiva de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. Esta decisión surge tras descubrir la asignación de dichas pensiones a individuos sin problemas de salud, lo que se ha calificado como un fraude a gran escala, con desvíos de fondos estimados en alrededor de US$3400 millones solo en 2023.

Según la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a diciembre de 2023, el número de beneficiarios de pensiones por invalidez se ubicaba en 1.222.000, una cifra que Manuel Adorni describió como "estratosférica". "Este número no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras ni catástrofes naturales", comentó Adorni. La auditoría, que comenzará en agosto, revisará cada uno de los expedientes para asegurar que las pensiones solo se otorguen a quienes realmente las necesitan.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el director ejecutivo de la Andis, Diego Spagnuolo, revelaron que, en los últimos 20 años, la cantidad de pensiones por invalidez laboral ha aumentado exponencialmente, pasando de 79.581 en 2003 a más de 1,2 millones en 2023. Una muestra auditada de 2.559 casos demostró que solo un 7% de los beneficiarios cumplía con los requisitos necesarios para recibir estas pensiones.

La investigación también descubrió prácticas fraudulentas, como la inclusión de la radiografía de un perro en un expediente y el uso de un mismo certificado médico para justificar múltiples pensiones. Estas irregularidades fueron especialmente prevalentes en provincias como Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones y Corrientes, donde se otorgaron pensiones a personas sin discapacidades y, en algunos casos, con bienes de alto valor.

El 35% de las pensiones auditadas presentó incompatibilidades, con un 5% de beneficiarios poseyendo bienes y trabajos que los descalificaban para recibir la pensión. Además, las condiciones para acceder a estas ayudas fueron flexibilizadas en gestiones anteriores, eliminando el requisito de demostrar un 76% de incapacidad laboral.

La Andis también comenzará una auditoría del programa Incluir Salud, que proporciona cobertura médica a los beneficiarios de pensiones no contributivas. "La investigación ha revelado un uso indebido de este programa, con facturaciones falsas y prestaciones mal otorgadas", señaló un representante de la agencia.

Esta auditoría busca restaurar la transparencia y asegurar que los recursos se destinen correctamente a quienes realmente necesitan apoyo, evitando el uso indebido de fondos públicos y garantizando la justicia en la distribución de beneficios sociales.