La justicia argentina ha dado un importante paso en la identificación de víctimas de la dictadura cívico-militar con la reciente confirmación de los restos de Oscar San Pedro, un necochense secuestrado y desaparecido en junio de 1976. Este avance subraya el crucial trabajo forense y judicial en la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Oscar San Pedro, nacido en Necochea el 21 de diciembre de 1943, fue secuestrado el 4 de junio de 1976 por un grupo armado que se presentó en su domicilio en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza. En ese momento, San Pedro era colectivero y delegado gremial de la UTA (Unión Tranviaria Automotor). El secuestro, llevado a cabo por personal militar vestido de civil, se enmarca dentro de una represión sistemática durante el terrorismo de Estado. Desde ese día, su destino permaneció desconocido.
El proceso para identificar a San Pedro fue liderado por el Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los restos de San Pedro fueron encontrados entre cuerpos carbonizados enterrados como NN en el cementerio de La Plata. La investigación determinó que su asesinato ocurrió el 10 de junio de 1976, seis días después de su secuestro.
El EAAF jugó un papel crucial en la identificación de San Pedro. Mientras que un mechón de cabello encontrado en un expediente judicial permitió identificar a Walter Zaporta, otro desaparecido del mismo día, las huellas dactilares recuperadas de los restos carbonizados fueron esenciales para confirmar la identidad de San Pedro. La comparación de estas huellas con registros existentes permitió establecer su identidad con certeza.
La identificación de San Pedro y Zaporta subraya la importancia de los avances en la tecnología forense y el compromiso con la búsqueda de verdad y justicia. El Archivo Municipal de la Memoria conserva el legajo de la CONADEP relacionado con San Pedro, y su historia continúa siendo una parte integral del esfuerzo por la justicia para las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina.
Este avance representa un significativo logro para las familias de las víctimas y un recordatorio constante del compromiso con la memoria histórica y los derechos humanos.
Fuente: NdeN