No le tomaron el estado a un Jubilado y ahora le quieren cobrar 1 millón de pesos

El escándalo por la facturación irregular de la Usina Popular Cooperativa (UPC) de Necochea sigue sumando capítulos. Cada vez son más los vecinos que denuncian la falta de toma de estado en sus medidores, lo que ha derivado en facturas millonarias que están generando indignación y reclamos. Necochea Digital ha recibido numerosas quejas de usuarios que, tras varios periodos sin que se les tome el estado de sus medidores, recibieron facturas con montos exorbitantes, sin explicación clara.

Uno de los casos más alarmantes es el de un jubilado que, acogido a la tarifa social, no tuvo lectura del estado de su medidor durante cinco periodos consecutivos. De repente, en los dos periodos siguientes, se le facturó un monto cercano al millón de pesos. Este tipo de situaciones no son aisladas, y la falta de transparencia por parte de la UPC queda cada vez más en evidencia.

Falta de toma de estado y estimaciones de consumo

Una de las principales causas de este caos en la facturación es que la UPC cuenta solo con seis empleados dedicados a la toma de estado de los medidores. Esto ha llevado a que la cooperativa estime el consumo de muchos usuarios, algo que ha desatado una ola de denuncias. Los vecinos exigen explicaciones y sanciones, mientras esperan una intervención ejemplificadora por parte del Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OSEBA), el ente regulador provincial.

Las quejas se multiplican y los usuarios de la cooperativa no solo enfrentan facturas impagables, sino también la incertidumbre sobre los montos que se les está cobrando. Esta situación genera una creciente tensión en la comunidad, que exige respuestas concretas y soluciones urgentes.

Deudas millonarias con CAMMESA

A este panorama se suma la situación judicial de la UPC, que fue intimada por el Juzgado Civil y Comercial Federal N°6 a pagar una deuda multimillonaria reclamada por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico). El juez subrogante, Dr. Juan Rafael Stinco, emitió una orden de intimación de pago por un monto total de $8.670 millones, que también incluye la posibilidad de remate si la deuda no es saldada.

Lo más preocupante es que hasta el momento no hay claridad sobre qué ocurrió con el dinero adeudado por la UPC, lo que genera aún más desconfianza entre los vecinos que se ven afectados por los cobros irregulares. A medida que las facturas infladas siguen llegando a los hogares, la comunidad de Necochea exige una mayor rendición de cuentas por parte de la cooperativa.