
Sin embargo, la provincia de Buenos Aires se mantiene firme en su negativa a permitirlo dentro de su territorio, respaldándose en una ley vigente que exige atención personalizada en los surtidores.
El Decreto 46/25, publicado en el Boletín Oficial, establece que las estaciones podrán optar por ofrecer el autoservicio de combustible, aunque deberán cumplir con una serie de requisitos que serán reglamentados por la Secretaría de Energía de la Nación en los próximos 60 días. Durante ese período, las estaciones interesadas deberán solicitar autorización al organismo que encabeza María Tettamanti.
A pesar de la decisión del Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires cuenta con la Ley 13.623, sancionada en 2006 y promulgada en enero de 2007, que establece que todas las estaciones de servicio deben contar con personal capacitado para la atención al cliente. Además, advierte que aquellas que no cumplan con esta disposición pueden ser sancionadas con la clausura preventiva.
En este contexto, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, reafirmó la postura del gobernador Axel Kicillof, asegurando que "en Buenos Aires se va a respetar la ley vigente y no se permitirá el autodespacho". Así lo expresó tras una reunión con representantes del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGYPE), quienes se oponen al decreto nacional por considerar que pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia.
La decisión de Kicillof de mantener la normativa provincial marca un nuevo enfrentamiento con el Gobierno de Javier Milei, quien busca profundizar la desregulación del sector energético. Mientras que el Ejecutivo Nacional defiende la medida argumentando que permitirá reducir costos operativos y mejorar la eficiencia, desde la provincia advierten que el impacto social podría ser devastador para los trabajadores del sector.
Con este panorama, se espera que en las próximas semanas las estaciones de servicio en territorio bonaerense sigan operando bajo el esquema tradicional, mientras se analiza si habrá conflictos legales o acciones judiciales en torno a la aplicación de la normativa nacional.